VII PEREGRINACION CONMEMORACION 13 AÑOS DE LA MASACRE DEL PARAMO DE LA SARNA

“Caminamos contra la impunidad. Exigimos justicia.

Decimos NO a la reforma al fuero penal militar"

El departamento de Boyacá no ha sido escenario ajeno a la violencia política que padece el país, hoy persisten graves violaciones a los Derechos Humanos dejando víctimas y familias que no han recibido verdad, justicia ni reparación. Una propuesta de paz para Colombia debe cimentarse en el reconocimiento de la barbarie que ha sacudido al pueblo, por esto urge cada vez más la visibilización de la tragedia y el dolor de las víctimas y sus familiares, siendo necesario no olvidar a nuestros muertos para que la historia no se vuelva a repetir.

Dentro de los hechos que han impactado a la ciudadanía boyacense es necesario recordar la masacre del páramo de La Sarna ocurrida el 1 de diciembre de 2001 en la que fueron ejecutadas 15 personas en la vereda de Las Cintas del municipio de Sogamoso (Boyacá), quienes se dirigían a la población de Labranzagrande. Este hecho es conocido como la masacre del Páramo de La Sarna.

Historia de la Masacre:

A las seis de la mañana del sábado 1 de diciembre de 2001 partió del Terminal de Sogamoso rumbo a Labranza Grande el bus Nº 339, un Chevrolet 600 de la Empresa Cootracero, identificado con las plazas JYG-137, con solo tres pasajeros en su interior. Durante el recorrido recogió 12 pasajeros, además en el bus viajaban dos niños de 7 y 12 años y una mujer de la tercera edad. El primero de ellos hijo del conductor, el segundo de una profesora que viajaba con su esposo.

En el sitio conocido como “La Sarna”, sector Melgarejo, a unos 30 kilómetros de Sogamoso, un grupo de hombres armados detuvo la marcha del bus, obligó al conductor a atravesarlo en la carretera y a sus ocupantes a  descender. 

Seguidamente, separaron a los dos niños y a una anciana que hacía parte de los pasajeros y luego obligaron a las restantes quince personas (12 hombres y 3 mujeres) a tenderse boca abajo sobre el asfalto para proceder a dispararles uno a uno, principalmente con tiros en la cabeza.

Las victimas fueron:

Luís Ángel Gil Orduz de 30 años, ingeniero. Trabajaba como ayudante del ingeniero Gonzalo Rincón, con quien viajaba el 1 de diciembre a Labranzagrande por motivos de trabajo.

Tania Leonor Correa Pidiachi de 25 años, estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria de Boyacá.

Mercedes Rivera, tenía 22 años de edad y trabajaba como empleada de la Administración Municipal de Paya.

Luis Arturo Cárdenas de 20 años, Zootecnista egresado de la UNAD, trabajaba como director de la UMATA en el municipio de Paya.

Isidro Alba Guío de 50 años, profesor, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas  de la UPTC.

Jonh Fredy Poveda Bayona, de 17 años de edad, estudiante de la  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la Facultad de Ingeniería de Transportes y Vías.

Luís Miguel Melo Espitia, tenía 17 años de edad y en ese momento trabajaba como ayudante del bus.

Abel Cudris Rodríguez, procedente de El Banco (Magdalena)

Gonzalo Rincón Barrera, tenia 31 años de edad, Ingeniero Sanitario y Ambiental egresado de Uniboyaca, residente en Sogamoso.

Luís Alejandro Pérez Fernández, de  22 años de edad, era estudiante de cuarto semestre de Administración de Empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

José Antonio Mongui Pérez, de 52 años, comerciante, residente en Sogamoso.

Jairo Isidoro Peña de 42 años. Se dedicó toda su vida a la agricultura y la ganadería, y en varios momentos desempeñó cargos públicos en Labranzagrande, Tenia un almacén de víveres junto con su esposa Herminda Blanco.

Herminda Blanco de Peña, profesora, esposa de don Jairo. Tenia un almacén de víveres junto con su esposo Jairo Isidoro Peña

Bertulfo Noa Rosas Arguello, agricultor de 50 años de edad.

Hernando Gómez Garavito, tenía 32 años de edad,  era el conductor del bus.

Impunidad:

Por varios años la masacre de la Sarna permaneció en total impunidad, hasta el año 2008 cuando algunos paramilitares, miembros del bloque Autodefensas Campesinas del Casanare, empezaron a hablar sobre lo que realmente ocurrió.

Ellos cuentan que esta masacre fue cometida por el grupo paramilitar conjuntamente con miembros de la fuerza pública quienes no solo facilitaron su paso, sino que además entregaron parte de las armas con las que ejecutaron a las víctimas. Estos hechos aun estan en la impunidad ya que aún no han sido juzgados todos los responsables.

Actualmente en el Congreso de la República cursan reformas constitucionales y legales  para ampliar el fuero penal militar y revisar las sentencias dictadas contra militares.[1] En caso de que estas reformas sean aprobadas, se estarían violando principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas que establecen que la jurisdicción penal militar debe tener un carácter restrictivo y excepcional, solo aplicable a delitos propios del servicio militar o policial y nunca podría operar para investigar violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Estas  reformas limitan los derechos de las víctimas de acceder a un juez independiente e imparcial para la satisfacción de su derecho a la justicia.

En caso de ser aprobadas estar reformas, sería muy probable que las violaciones a derechos humanos que ya se han cometido continúen en la impunidad y se dejaría un terreno abonado para facilitar que ese tipo de hechos se sigan cometiendo.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se ha pronunciado alertando sobre la gravedad de estas reformas señalando que de ser probadas se estarían vulnerando los derechos de las victimas[2].

Peregrinación:

Para este año proponemos darle continuidad a las peregrinaciones realizadas en años anteriores como un acto de memoria y dignidad, realizando la VII Peregrinación el día domingo 30 de noviembre de 2014 con el objeto de reiterar que la paz genuina y duradera solo es posible sin crímenes de Estado, expresar nuestras exigencias para que haya verdad, justicia, reparación y garantias para que estos hechos no se vuelvan a repetir; ello implica que no se aprueben leyes que van en contravía de los derechos de las victimas, tales como las reformas al fuero penal militar que actualmente cursan en el Congreso.