El turbio trámite del despojo

Una serie de hechos han empañado el trámite en el Congreso de la Republica del proyecto de Ley 133 de 2014 “por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la ley 160 de 1994”, más conocido como la ley Urrutia – Lizarralde, proyecto que seguiría propiciando el despojo a los campesinos de los baldíos para entregarlos en concesión a empresarios nacionales y extranjeros (Ver http://cnagrario.org/…/la-disputa-por-los-baldios-el-campo…/).

Para comenzar, el proyecto fue presentado el mismo día que se instalaba la mesa de negociación entre el gobierno y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. El contenido del proyecto claramente contradice los puntos en el pliego a negociar, principalmente los relacionados con tierras, territorio y economía propia.

Hemos tenido acceso a información que señala que varios miembros de la Comisión Quinta de Cámara serían propietarios de predios en regiones que potencialmente podrían convertirse en Zidres. Por lo anterior, si los Representantes aprueban este proyecto estarían legislando en causa propia, ya que podrían verse beneficiados por los incentivos para los proyectos productivos que se desarrollen en tales regiones. La Cumbre Agraria dirigió una petición a la Comisión Quinta solicitando que sus miembros dieran a conocer sus propiedades rurales con el objetivo de dar transparencia al debate. Luego de una serie de remisiones al interior de la Cámara, se negaron a responder aduciendo que se trataba de “información reservada”, cuando claramente lo solicitado es de interés público y resulta trascendental para el trámite del proyecto.

Esa solicitud de información fue respaldada con una constancia elaborada por Iván Cepeda y Alirio Uribe, Congresistas de la Bancada del Polo Democrático. Tras la lectura de la constancia durante la discusión del proyecto, el presidente de la comisión y coordinador ponente, el Representante Marco Sergio Rodríguez Merchán, confesó ser dueño del predio Las Payaras, ubicado en el departamento del Casanare. Posteriormente volvió a tomar la palabra para aclarar que el predio le pertenecía a la también Representante de la Comisión Nery Oros, con quien Rodríguez estuvo casado (Ver: http://lasillavacia.com/…/lo-que-la-tierra-ha-unido-que-no-…).

Por estos hechos representantes del movimiento campesino recusaron al Representante Rodríguez, con el objetivo de que se declarara impedido para continuar liderando el trámite del proyecto. La Comisión de Ética negó la recusación, afirmando que el Representante no tendría ningún beneficio directo con la aprobación del Proyecto. En el texto presentado ante la comisión, Rodríguez confesó que la Sociedad El Mana M.R. S.A.S., de la cual es único socio, es propietaria de los predios Alcaraván 1 y El Cairo, cuyo representante legal es el hijo de Merchán y Oros.

Por hechos similares fue recusado Alexander García Ramírez, también Representante de la Comisión Quinta por el Partido de La U. García Ramírez es propietario del predio Rancho Victoria, de 922 hectáreas, ubicado en Puerto Gaitán (Meta). Adicionalmente, el propietario original de este predio había sido víctima de desplazamiento forzado en el año 2004 por las Autodefensas del Meta y Vichada. Actualmente pesa una medida cautelar sobre el predio, fijada por la Unidad de Restitución de Tierras (Ver: http://lasillavacia.com/…/la-cumbre-agraria-contra-el-proye…). Se está a la espera de que la Comisión de Ética resuelva esta recusación.

Con la negativa a declarar los bienes de los miembros de la comisión, será muy difícil dar trámite al proyecto, no se sabe qué otros representantes tengan intereses allí. Quienes los tengan deberían apartarse de la discusión del proyecto. Las organizaciones campesinas y la bancada del Polo estaremos atentos a denunciar otros posibles impedimentos.

Por el lado del gobierno tampoco ha habido transparencia. No me ha sido posible obtener información precisa sobre las ZIDRE que crea el proyecto. Dirigimos una petición desde mi oficina al Ministerio de Agricultura solicitando información relacionada con esta figura: cuál sería la ubicación de las Zidre, qué extensión estaría involucrada, cuáles serían los beneficios que se entreguen a los empresarios allí establecidos, etc. El Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri respondió diciendo: “me permito abstenerme de responder dado que en el Consejo de Ministros (…), me fue aprobado un impedimento para conocer y decidir sobre la iniciativa legislativa de acceso a la tierra (ZIDRES), nombrando como Ministro ad-hoc para estos asuntos al Dr. Juan Fernando Cristo Bustos”. Por tanto, oficiamos al señor Ministro del Interior quien a su vez remitió al Ministerio de Agricultura la petición, agregando: “me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes la petición antes mencionada (…). Lo anterior, con el fin de que su entidad provea la respectiva respuesta”.

Enviamos la misma solicitud también a la Superintendencia de Notariado y Registro, por la vocería que ha tenido en el tema. En la respuesta se reconoce entre otras cosas que “a la fecha ninguna entidad ha realizado estudios específicos para identificar o delimitar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico”. En conclusión, no se tiene información concreta de un asunto tan delicado sobre el que se pretende legislar.

Respecto a la vocería del gobierno para el trámite del proyecto, hay que señalar que el Superviniente Jorge Enrique Vélez no es competente para el trámite. Se le asignó esta tarea únicamente por el impedimento del Ministro Iragorri y por el desconocimiento del tema del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La Superintendencia es un organismo de control que debiera estar investigando las irregularidades en la tenencia de la tierra en vez de intentar sanearlas con este proyecto. Por estos hechos, el Representante Alirio Uribe presentó una queja disciplinaria contra Vélez en la Procuraduría (Ver: http://aliriouribe.com/representante-la-camara-alirio-urib…/).

Por lo anterior, está claro que el Proyecto 133 Urrutia – Lizarralde no solo es altamente inconveniente, regresivo e inoportuno, sino que todo su trámite ha estado enrarecido. El gobierno nacional debiera tener la sensatez requerida para retirar el proyecto y garantizar todas las condiciones para que la adjudicación de baldíos contribuya a la democratización de la propiedad de la tierra, como lo exige la ley y la Constitución, y no lo contrario.

ALBERTO CASTILLA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Masacre en el Páramo de la Sarna

Por: Corporación Cospacc

Ocurrió, el primero de diciembre de 2001 en el departamento de Boyacá, región olvidada por el gobierno nacional durante décadas. Quince personas son vilmente asesinadas en un acto premeditado años atrás. La provincia es  ahora noticia nacional.

En la mañana de ese primero de diciembre, un aire frío recorrió toda la región. Todos los sábados los campesinos, sin excepción, se preparan y arriban al mercado dominical del municipio de Labranzagrande. Este mercado es el mayor de la provincia de la Libertad, integrada por los municipios de Pajarito, Paya, Pisba y Labranzagrande, con una población no superior a los 13 mil habitantes; región legendaria y perdida entre los anaqueles. Hasta ese entonces los municipios de Paya y Pisba no contaban con vías de acceso, a pesar de los ingentes esfuerzos realizados por su población.

Del terminal de trasportes de la ciudad de Sogamoso, todos los días a las 6:15 a.m. sale la ruta que conduce al municipio de Labranzagrande, capital de la provincia. Este día, el bus 339 de la empresa Cootracero, salió en la ruta antes mencionada. Aproximadamente una hora y media más tarde, cuando el bus se encontraba a la altura del Páramo de la Sarna, zona fría, escarpada y poco habitada, fue interceptado por varios sujetos que obligaron a los pasajeros, al conductor y al ayudante a descender del autobús; hicieron acostar  boca abajo a 15 de ellos. Una abuela que todos los sábados viaja en función de comerciante a Labranzagrande y dos  niños  fueron  obligados a abordar de nuevo el autobús, mientras los otros pasajeros continuaban tendidos sobre el pavimento.

Un estruendo de disparos aturdió a los niños y a la anciana que se encontraban en el bus. Los 15 pasajeros obligados a acostarse sobre el  asfalto, quienes estaban con la incertidumbre de lo que pasaría, fueron asesinados con un tiro de gracia  en la cabeza,  en un acto[UdW1]  que causó repudio, rabia y zozobra al mismo tiempo.

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 [UdW1]Claramente el acto es cobarde, pero eso se puede deducir del contexto, pues como “prensa” deberíamos evitar dar calificativos más allá… hay que dejar que la gente también haga sus interpretaciones. Pero si lo quieren dejar, también es válido.

Sentimientos encontrados guiaban ahora los destinos de la población. Al día siguiente el mercado estaba desolado. Los comerciantes y campesinos, al escuchar de la noticia, detuvieron su viaje semanal: el trasporte público suspendió las rutas hacia esta zona. Todo parecía desvanecerse. Sin embargo, y como resurgir de las cenizas, la población se levantó en acto de protesta. Once días después, el 12 y 13 de diciembre, la comunidad en general, acompañada de sus alcaldes, personeros, párrocos y algunos concejales, se movilizó en acción de repudio y pidiendo justicia. Más de 300 personas protestaron contra lo ocurrido días atrás. 

En un acontecimiento sin precedentes, los manifestantes realizaron una homilía en el sitio de los hechos y posteriormente, en el sitio conocido como el Crucero, en la vía que comunica la ciudad de Sogamoso con el municipio de Aquitania, realizaron un bloqueo para exigirle a las autoridades departamentales garantías para continuar con sus labores y que la masacre no quedara impune. La actividad contó con el acompañamiento de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC -  Unidad Y Reconstrucción.

Al día siguiente, luego de soportar la fría noche, una mesa de concertación compuesta por un delegado de la gobernación de Boyacá, un delegado del batallón Tarqui, los alcaldes, los sacerdotes, los personeros que se encontraban en el lugar y delegados de la comunidad, fue establecida. La respuesta institucional   a la barbarie fue la construcción de un fuerte policial en la zona, respuesta vana y poco ética con los hechos ocurridos. De los labios del delegado de la gobernación se oyó un comunicado público de repudio, hecho con el cual la comunidad dio por servido su cometido inicial y la gente regresó a sus casas.

A mediados de abril, la comunidad que no estaba convencida con las respuestas dadas por las instituciones, en un acto masivo realizó el Primer Encuentro Social y Campesino de la Provincia La Libertad, actividad que contó con la participación de más de 600 personas. Entre las solicitudes más sentidas estaba la de lograr  que la masacre ocurrida el primero de diciembre no quedara impune, que se investigara y hubiese castigo a los responsables.

Luego de 13 años la impunidad sigue reinante en la región, los encargados de justicia aún no le han contado a las familias, ni a la comunidad, la verdad de los hechos.  En un ejercicio de información de prensa e investigación, se puede asegurar, desde el movimiento social, que la masacre no fue un caso fortuito o aislado[1]; por el contrario, obedece a actos premeditados y a una dinámica de represión hacia poblaciones donde existen intereses de extractivísmo o de megaproyectos. Esta acción de terror fue  premeditada muchos años antes: las AUC, en un congreso realizado en 1996 en la zona de Urabá, determinaron estrategia para garantizar la explotación petrolera del piedemonte llanero de Boyacá y Casanare, generar terror a los municipios de Chámeza y Recetor en el Departamento de Casanare y las poblaciones de Paya, Pisba y Labranzagrande en Boyacá..

Según alias Salomón[2] y Alias Solín de las Autodefensas Campesinas de Casanare –ACC-, una de sus principales acciones consistía en garantizar el funcionamiento de la industria petrolera. Estas mismas palabras han sido repetidas por los comandantes del Ejército Nacional que patrulla la zona,  en donde las fuerzas militares contribuyeron no solo con información y complacencia, sino que suministraron  armas[3] para cometer el rechazado suceso[4], donde hasta el momento no se conocen los autores intelectuales y tampoco existen militares condenados por esa masacre.

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[1]             Tomado de: El Tiempo, en octubre de 2014. En línea en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12398451

[2]             Archivo Cospacc

[3]             Tomado de: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en octubre del 2014. En línea en: http://www.comitedesolidaridad.com/index.php/noticias-2/717-vi-p12-anos-de-la-masacre-del-paramo-de-la-sarnaeregrinacion-conmemoracion

[4]             Tomado de: Excelsio.net en octubre de 2014. En línea en: http://www.excelsio.net/2013/10/capturan-presunto-paramilitar-que.html

Articulo tomado del periódico Trochando Sin Fronteras edición 20, medio de comunicación de las organizaciones sociales de la Región Centro Oriente.

¿Letalidad reducida? Las pistolas eléctricas son Letales, porque las armas son Armas y causan muerte!

Las “armas no letales” usadas para el control de movilizaciones y bastante cuestionadas en el mundo por ser potencialmente mortíferas, son, por estos meses punto de debate en Colombia  por la puesta en acción de las pistolas Taser (pistolas de descarga eléctrica) y de su uso que en adelante estarían haciendo los escuadrones especiales y de policía en los eventos de masas. 

En esta Colombia agitada donde sus pobladores vienen demandado cambios en las condiciones de vida, respeto a los derechos humanos y mejores oportunidades para el desarrollo social, el estado responde al pueblo con un arsenal de armas exclusivamente diseñadas para torturar, controlar, bloquear y tratar de sembrar el pánico colectivo al pueblo que reclama.

El pertrecho para reprimir a la población desarmada está compuesto por las ya conocidas tanquetas lanza agua con más de doce mil litros y con 50 metros de alcance, rifles lanza gases, lanza gomas, lanzadoras anti-tumultos con tarros de gas lacrimógeno, gases mal olor, canicas, metralla, arena, armas sónicas (la sirena ensordecedora), porras y pistolas eléctricas, rayos laser o “rayo del dolor” el encandilador láser,  entre otras tantas “genialidades” para infligir sufrimiento.

Lo preocupante de esto es que las armas son Armas y por cuanto, potencialmente mortales, por ejemplo: las sirenas ensordecedoras pueden provocar vibraciones en los órganos, nauseas, convulsiones, hemorragia nasal, terribles dolores de cabeza a un centenar de metros de distancia;

Las pistolas eléctricas o Taser producen un efecto neuromuscular de incapacitación (una forma refinada de decir electrochoque! Y más claramente tortura); estas pistolas tienen la capacidad de alterar el ritmo cardiaco con consecuencias mortales, las Taser se implementaron desde el pasado mes de Julio, al menos en Cali, Medellín y Bogotá y aun que el general Palomino, comandante de la Policía nacional reconoce que pueden ser letales, también prometió que solo se utilizarían para “controlar riñas e individuos en alto estado de agresividad….”

Un informe de amnistía internacional registra el asesinato con artefactos Taser de más de 500 personas en Canadá y los Estados unidos, en lo que va del el 2001 al 2012, todos, personas civiles, desarmadas y reducidos por de los policiales. Al menos dos colombianos ya están en el registro de víctimas mortales por cuenta de las pistolas eléctricas.

Nada garantiza en este estado policial que las Taser no se activen para atacar las manifestaciones, campesinas, estudiantiles, obreras y populares, ahora que al parecer el enemigo es la población civil y que en cada movilización lo reiterado resultan ser las agresiones sistemáticas y  el uso desmedido de la fuerza, las “armas de reducida letalidad” como eufemísticamente las presentan, se constituyen en el dispositivo de mayor agresión en manos del ESMAD,  las fuerzas especiales y la policía en general; las Taser son otra amenaza que enfrenta los movimientos sociales.

Articulo tomado de Trochando sin Fronteras edición 20, medio de comunicación de las organizaciones sociales de la Región Centro Oriente.

Galería; un recorrido por el trabajo del Movimiento juvenil y Popular Quinua

Durante el año  2014 el Movimiento Juvenil y Popular QUINUA, ha impulsado, desarrollado y participado en diferentes actividades con la comunidad, tanto desde la Coordinadora Popular, como desde la Coordinadora Estudiantil Contracorriente.

Actividades como el Foro Minero-Energético en la Universidad Pedagógica Nacional, los murales de apoyo al Paro Agrario en la localidad de Bosa y la marcha del Primero de Mayo, que además tuvo una jornada de olla comunitaria en el Barrio Israelita, son algunas de las actividades que durante el Primer semestre se realizaron como Movimiento Juvenil y Popular Quinua, y que se pueden ver en la corta galería. 

Además,  la realización de los conversatorios preparativos para el Seminario Internacional contra el delito político en la localidad de Bosa y la Universidad Nacional, son actividades que fueron impulsadas por los jóvenes del proceso, que trabajando de manera conjunta entre el espacio barrial y el estudiantil, tuvieron una gran recepción de parte de la comunidad.

Finalizando el año se realizó el III Carnavalito Popular por la Vida y la Esperanza en la UPZ 85 de la localidad de Bosa, donde el Movimien Juvenil y Popular Quinua participó como organizador junto a algunas  Juntas de Acción Comunal JAC y organizaciones sociales de la localidad. Debido a la recepción del evento por parte de la comunidad, se recibió la invitación para participar en la Invasión Cultural por Bosa junto a otras organizaciones.

Todo esto lo podrán encontrar en la pequeña galería que recoge un poco del trabajo del Movimiento Juvenil y Popular Quinua a lo largo del año 2014 en cuestión de comunicaciones.