Páramo de La Sarna, a 14 años de la barbarie.

El primero de diciembre de 2001 un grupo de paramilitares de las autodenominadas Autodefensas Campesinas de Casanare detuvieron un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta Sogamoso-Labranzagrande en zona rural de Sogamoso (Boyacá). Luego de obligar a descender a los ocupantes, fueron forzados a acostarse boca abajo en el pavimento y luego ejecutados, a esta masacre que dejó 15 muertos únicamente sobrevivieron tres personas: una anciana y dos menores de edad.

Entre las personas asesinadas se encontraban pobladores de municipios boyacenses como Paya, Pisba y Labranzagrande, campesinos, estudiantes de la UPTC y Uniboyaca así como un maestro líder sindical.

Por esta masacre, conocida como masacre del Páramo de la Sarna, y luego de años de movilización, este año, fue condenado más un paramilitar[1] por su participación directa en el crimen. Sin embargo estas condenas son sólo un pequeño paso en la búsqueda de justicia, ya que numerosos testimonios y pruebas vinculan directamente al hoy mayor general y jefe de operaciones del ejército nacional Jaime Esguerra Santos[2], al ejército nacional, en especial al batallón Tarqui de Sogamoso (cuyos miembros han sido condenados por asesinatos de campesinos[3] e indigentes[4]) y a la policía nacional así como a informantes de estos grupos y miembros de la fiscalía tanto en la perpetuación del crimen como en su planeación y posterior encubrimiento.

Como ejercicio de memoria colectiva, exigencia de justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición y castigo a los responsables, organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas de la masacre han llevado a cabo la peregrinación al páramo de La Sarna que este año contó con la participación de delegaciones de organizaciones campesinas, juveniles y populares de Casanare y Boyacá agrupadas en el Congreso de los Pueblos, así como habitantes de la zona y miembros de la iglesia católica.

Un oficio religioso realizado al borde de la vía del Cusiana (que une a Sogamoso y Yopal) en conmemoración fue el momento principal de las intervenciones donde además se denunció la actual situación de derechos humanos en la región y en el vecino departamento del Casanare, además de exigencias por parte de organizaciones de víctimas de crímenes de estado de Tunja y otros municipios de Boyacá; en esta manifestación de memoria se hicieron sobre la militarización de los territorios rurales y urbanos, los asesinatos selectivos, las amenazas y judicializaciones, el aumento de las actividades paramilitares y de la represión en general en contra de los sectores populares organizados y población en general.

Para el próximo año y a 15 de la masacre, las organizaciones creadoras de la peregrinación anticipan una mayor participación e impacto de la manifestación para presionar al gobierno nacional y a los entes judiciales por respuestas y castigo a los determinadores de tan repudiable crimen.

Finalmente una placa con los nombres y las fotografías de los ejecutados permanece en el lugar a la vista de los viajeros como testimonio mudo de la macabra alianza entre paramilitares, policía ejército y demás organismos del Estado contra la población civil.

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[1] http://trochandosinfronteras.info/condena-por-la-masacre-del-paramo-de-la-sarna-las-victimas-exigen-castigo-a-los-responsables/

[2] http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/8203general-jaime-esguerra-santos-sera-investigado-por-masacre-en-aquitania-boyaca/20150908/nota/2924084.aspx

[3] http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/169750-36-anos-y-medio-de-carcel-pagara-soldado-que-asesino-a-campesino-en-boyac

[4] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenan-25-anos-de-prision-soldado-profesional-falsos-articulo-433251

La violencia que acalla la provincia de Lengupá Boyacá

Son más de 1300 víctimas que ha dejado el conflicto social y armado en las últimas décadas en la provincia de Lengupá, sin que hasta el momento se hayan aclarado los responsables de estos hechos.

Esta provincia está conformada por los municipios de Miraflores, Berbeo, Campohermoso, Páez, San Eduardo y Zetaquira, limita con el departamento de Casanare, es una zona rica en agua, ya que en esta provincia nacen varios ríos, es una zona montañosa y con variedad en flora y fauna.

A mediados de 1989 se incrementa la violencia en la provincia que está relacionada con la llegada de las petroleras al departamento de Casanare en especial la British Petroleum BP y con ésta los paramilitares de Martin Llanos, que nacen en Monterrey límite con esta provincia.

La llegada de los paramilitares a esta provincia se da con el paso del Oleoducto Ocensa S.A, ya que muchos de los pobladores se opusieron a su construcción por los daños ambientales que ocasionaría, augurando los conflictos sociales que traería a la región; es desde ahí que comienza las desapariciones forzadas y las torturas a los pobladores de esta provincia.

Desde hace varios años las comunidades y las organizaciones sociales que hacen parte del Movimiento Político de Masas Social y Popular de Centro Oriente, se han dado a la tarea de recopilar la memoria de las víctimas del conflicto social y armado de esta Provincia, para visibilizar, exigirle al Estado verdad, justicia y reparación integral.

El 27 de Septiembre del 2013 se realizó la primera peregrinación en la provincia de Lengupá que permitió recobrar la confianza de la comunidad, visibilizar los casos de desaparición y las formas de tortura física y psicológica que han vivido los habitantes; es así que poco a poco se escucharon las voces de dolor e inconformidad que habían permanecido acalladas por miedo y conveniencia.

Continuando con el acompañamiento, la visibilización y denuncia de la violación de Derechos Humanos, el despojo y los atropellos a los habitantes de este sector por parte de las empresas minero energéticas, las comunidades y las organizaciones sociales de la región Centro Oriente y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia Redher, en marco de la Segunda Caravana “Por la defensa de la vida y el territorio”, se convocaron durante los  días 18 y 19 de agosto a un acto de memoria en la región, la cual contó con la participación de familiares de víctimas y diferentes organizaciones  con delegados de Casanare, Bogotá, de la provincia de Sugamuxi. La caravana continuará con su recorrido que inicio en Bogotá, pasando por Boyacá y seguirá rumbo a Santander del Sur.

Este es un acto de memoria que permite dar a conocer la historia contada desde las comunidades y que permite mantener viva la memoria de familiares y amigos que un día fueron arrebatados por la fuerza por parte de los paramilitares en complicidad con el Estado.

Corporinoquia se raja con las comunidades, y promueven “Firmatón” exigiendo la renuncia de Martha Plazas Roa su director

En la región de la Orinoquia se evidencia graves afectaciones ambientales ocasionadas por la explotación petrolera, las cuales cuentan con licencias y el favorecimiento de Corporinoquia

Escrito por: Isaac Marín

Malestar y descontento por la sesgada inoperancia de la autoridad ambiental, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia,  es lo que expresan las comunidades campesinas e indígenas de los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada, y parte del piedemonte oriental. Las comunidades de esta región adelantan una campaña de recolección de firmas “Firmatón” para exigir la destitución de Martha plazas Roa actual directora de esta entidad.

Es evidente que hay afectaciones ambientales causadas por la explotación petrolera en zonas del piedemosnte, en las cuencas de los principales ríos que bañan las sabanas orinocenes, y en sus ecosistemas de lagunas y esteros, sin que haya  investigaciones, medidas o sanciones a las empresas responsables; tarea que en gran medida le corresponde a Corporinoquia.

En lo que sí se siente el peso de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y en particular de Corporinoquia, es en la aplicación de sendas penalidades y multas a campesinos, pequeños productores o aparceros que han sido judicializados y sancionados con multas onerosas por talar sus terrenos donde realizan sus sembradíos de pancoger y conucos.

Son 33  CAR, las encargadas del control ambiental en las regiones de todo el territorio nacional;  también son las que en su  mayoría se rajan con las comunidades, primero porque son amigas, facilitadoras de este modelo desarrollista que viene arrasando con los recursos y el ambiente. Segundo, porque en buena medida funcionan de trampolín electoral, fortín de la politiquería y el clientelismo en las regiones.

Según el presidente Santos las CAR eran responsables por “una inadecuada gestión pública en la planificación y la administración de los recursos naturales renovables" y eso estaba ligado al desastre ambiental que azotaba a todo país en el 2011; así las calificó y le anunció al país su pronta liquidación, pero pudo más la presión en defensa de ese caudal político, económico y clientelar que representan las CAR a caciques políticos regionales, lo que  seguramente llevó al presidente Santos a desistir en su intención de liquidarlas.

Hoy, además de la firmatón que se adelanta en la región de la Orinoquía en manifiesto rechazo al desempeño de Corporinoquia y de su directora, o el juicio ético que adelantan comunidades de Antioquia contra CORNARE, también se conoce de otras acciones adelantadas por comunidades organizadas que ejercen defensa de sus territorios y les exigen a las CAR, ocupar  autoridad y frenar el desastre ambiental que están causando las petroleras, mineras y agroindustrias en el territorio nacional.  

                                                           

Encuentro de Derechos Humanos Vereda Plan Brisas Aguazul Casanare

Así se desarrolló en encuentro departamental de DDHH, con Presencia de la Defensoría del Pueblo, Ministerio del interior y Naciones Unidas.

El Sábado 21 de Noviembre en la Vereda Plan Brisas del municipio de Aguazul-Casanare se dieron cita más de 100 delegados e integrantes de diversas organizaciones juveniles, estudiantiles, de mujeres, campesinos e indígenas que junto con ong’s de derechos humanos expusieron ante el Ministerio del Interior, la Defensoría Departamental del Pueblo y  el Coronel retirado Luis Novoa como representante de las Naciones Unidas la difícil situación que atraviesa el departamento y los procesos organizativos sociales y comunitarios en materia de Derechos Humanos.

Cabe resaltar la relevancia de algunos casos expuestos como el asesinato de líderes sociales y comunales, en esta ocasión del líder campesino de Trinidad Daniel Abril Fuentes o la continua y sistemática política de agresión, estigmatización, persecución y señalamientos que reciben las organizaciones sociales y sus integrantes de parte de las fuerzas militares y policiales, acciones que se configuran como una violatoria a la integridad y la vida de los líderes sociales.

Como elemento central de estas denuncias se encuentra el rechazo a las acciones que adelantan las empresas petroleras en la región siendo estas las culpables del deterioro ambiental, social y cultural que azota a las comunidades.

En este Encuentro las organizaciones que son parte del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular exponen los casos de violación y vulneración a los derechos humanos con el fin que las instituciones presentes tomen medidas para evitar que se repitan y queden en la impunidad.

Asesinado líder comunitario en Casanare

El día 13 de noviembre, aproximadamente a las 6:40 de la tarde, fue ultimado el líder campesino y comunal Daniel Abril Fuentes, en el municipio de Trinidad, departamento de Casanare.

Los hechos ocurrieron en el sitio conocido como La Virgen, cuando Daniel se encontraba sentado en una panadería. Allí llegó un hombre armado que disparó en varias ocasiones contra su humanidad, ocasionándole 3 impactos de arma de fuego y con ello su muerte.

Daniel Abril fue impulsor de varias iniciativas en defensa del equilibrio ambiental y de los derechos de las comunidades campesinas en Casanare. En tal sentido, adelantaba un arduo trabajo para denunciar el impacto de la explotación petrolera en el medio ambiente, particularmente lo relativo a las recientes sequías que padeció el territorio casanareño.

Como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Chochos, Daniel participó en las audiencias públicas convocadas desde la comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y acompañadas por el Movimiento Político de Masas del Centro Oriente de Colombia. En el marco de ellas, se efectuaron graves denuncias contra las petroleras por su responsabilidad en la contaminación y deterioro de las fuentes de agua en la región.

Daniel también participó en el impulso a una iniciativa de recolección de firmas que buscaba la renuncia de la directora de Corporinoquia, a causa de la precaria gestión de esa funcionaria, que quedó al descubierto con la crítica situación ambiental en la que se encuentra el departamento de Casanare.

En los últimos meses el movimiento social en Colombia viene haciendo exigencias al Estado en el sentido de brindar las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos colectivos como la protesta, la asociación y la defensa del medio ambiente, entre otros. Hasta el momento, tales garantías no se han procurado por parte de las autoridades públicas, lo cual se evidencia con el asesinato del líder Daniel Abril Fuentes.

Cuatro espantos que atacan a los niños campesinos en Colombia

La niñez campesina se encuentra en el extremo de la población vulnerable, en esa franja extensa que integran varios sectores de la población colombiana, en esta sociedad donde la brecha de desigualdad es ancha. Aquí diversas amenazas los asedian. No solo el problema de la vinculación a los grupos armados, situación de mayor preocupación en varias instituciones y organismos internacionales.

Tomado de Trochando sin Fronteras edición Impresa #23
Po: Isaac Marín Lizarazo

“Yo los llamo los cuatro espantos que atacan a la niñez campesina y son causales de que muchos niños resulten en las filas de los grupos insurgentes;  estos son: la pobreza, el trabajo excesivo, los castigos, y el acoso sexual”. Así los define un veterano profesor de un colegio rural, al referirse con preocupación a las mayores causas de deserción escolar, a la vinculación de los niños a los grupos armados y al desdén del gobierno y de la sociedad.

Las familias campesinas que habitan las regiones más apartadas en su mayoría viven en condiciones de extrema pobreza, carecen de elementos básicos como el vestido, calzado o una vivienda digna. Estas realidades son caldo de cultivo para que niños y adolescentes, buscando oportunidades y mejores condiciones de vida, abandonen la escuela, migren a las ciudades o se enrolen en los grupos armados.

Otro factor es el trabajo en el campo,  que es rudo y de extensas jornadas que involucran a todos los miembros de la familia; Todos deben trabajar, no importan sus condiciones físicas, edad o género, porque la economía campesina no da para pagar muchos obreros. Así, es muy frecuente que niñas y niños realicen trabajos riesgosos, duros y extenuantes. No porque sus padres tengan la intención de explotarlos laboralmente, sino porque el trabajo del campo es mal remunerado, y la única forma de suplir las necesidades básicas es que toda la familia produzca.

Con frecuencia los chicos campesinos son sometidos a castigos físicos por sus padres o parientes cercanos, sin saber que las fueteras y reprimendas no corrigen ni educan al niño; por el contrario estas se constituyen en maltrato físico y psicológico, generan resentimiento, inseguridad, pérdida de su autoestima, provoca deserción escolar y hasta el abandono de su hogar.

Otro espanto es el del acoso sexual que con frecuencia ronda a niñas, niños y adolescentes en su hogar. Suele darse por un miembro de su familia o alguien cercano a la casa y es un problema que los chicos sufren en silencio, por lo que se ven obligados a tomar decisiones desesperadas con tal de liberarse de los abusos y maltratos.

Ahora la reflexión es si los niños prevalecen sobre los demás, y si la familia, la sociedad y el estado están obligados a asistir y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Es necesario llamar la atención de por qué en Colombia hay más de 1.380.000 casos de trabajo infantil, no sólo en labores del campo, muchos en el trabajo informal, con míseras remuneraciones y desarrollando actividades que atentan contra su dignidad.

Nada justifica que los niños estén involucrados en la guerra, pero es deplorable la doble moral de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República, así como de los medios masivos de comunicación que se limitan a rechazar ese fenómeno, pero se quedan callados frente al hecho de que miles de niños sean obligados a las duras labores del agro, a trabajar en el micrográfico, en las ventas callejeras, cantando en los buses para colectar monedas o ejerciendo la prostitución. Difícilmente se superarán las causas de la violencia si la niñez sigue viviendo en tales condiciones y no en su casa, en la escuela, disfrutando su niñez.

Mesa social por la paz

Publicado el Jueves 2015

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La mesa social se da en un momento donde el movimiento social y las diferentes expresiones de la sociedad Colombiana que durante años han construido agenda social y que la han reclamado por medio de la movilización social espera encontrar un espacio para aportar esas agendas a la agenda política de país.

El llamamiento que se hizo desde la mesa social es a que se dialogue con el conjunto de la sociedad, los campesinos, los empresarios, sectores políticos, académicos e iglesia en general con todos los sectores representativos, para buscar en la mesa social la construcción de una paz estable y duradera.

Donde el movimiento social comprende que la mesa social por la paz se desarrolla  en la movilización, en el aula, el sindicato en todos los escenarios donde se aborde el tema de paz,  entendiéndose  que mientras se esté aportando una agenda de construcción de país para la vida digna se está construyendo mesa social para la paz, porque los cambios y transformaciones se hacen a partir de la apuesta de la vinculación y protagonismos del movimiento social.

 Se está en la construcción de la agenda social para la paz que es un ejercicio democrático de participación e inclusión donde los múltiples propuestas y planes de vida de las organizaciones sociales y de los diferentes sectores de la sociedad se sean recogidos en esa agenda que posteriormente se negociara con el gobierno nacional, ya que la sociedad debe negociar los cambios y transformaciones que se necesitan para la superación del conflicto social y armado que se vive en Colombia.

La negociación entre la insurgencia y el gobierno aunque es parte significativa, no es el punto de llegada si no es el punto de partida para lograr la paz ya que la sociedad  es parte importante porque  la paz duradera se debe construir entre todos, es por eso que se hace el llamado desde la mesa social por la paz al gobierno, a las insurgencias a los sectores económicos, y a la sociedad en general para que se construya la agenda que convocara a la sociedad a trabajar por la paz de Colombia.

La mesa social por la paz es un escenario donde la sociedad civil y el gobierno negociaran los conflictos sociales que hoy vive Colombia, es por esos la importancia de que todos los sectores estén incluidos en esta mesa.

Condena por la masacre del Páramo de la Sarna. Las víctimas exigen castigo a los responsables

Publicado el Viernes, 18 de Enero del 2015

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El pasado 7 de septiembre, el juzgado 56 penal de Bogotá condenó a Luis Afrodis Sandoval por la masacre cometida contra 15 personas en el Páramo de la Sarna, departamento de Boyacá, en diciembre de 2001. El condenado era integrante de una estructura paramilitar conocida como Autodefensas Campesinas del Casanare, y además actuaba en coordinación con la policía y el ejército y trabajaba como informante para esas instituciones.

Esta condena se produce luego de una ardua lucha que libraron las víctimas y la comunidad, con el acompañamiento jurídico del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, a fin de obtener verdad, justicia y reparación por tan aberrante hecho.

foto de archivo

La decisión del juzgado ordena que se investigue al coronel Jaime Esguerra Santos, excomandante del Batallón de Artillería n.° 1 Tarqui, por omitir “sus deberes como garante de la seguridad de la región, al no adoptar los mecanismos correspondientes para perseguir a las autodefensas que se desplazaban libre y tranquilamente por la región”. Igualmente, contra los policías y un fiscal que pudieron haber recibido 15 millones de pesos para dejar libres a los autores de la masacre.

También se ordenó investigar al exgobernador de Casanare, Nelson Mariño, por su autoría intelectual en el asesinato de cinco personas cometido por el paramilitar Arquímedes Pérez Parra, alias Gavilán.

foto de archivo

Los hechos de la masacre

El 1 de diciembre del 2001 fueron asesinadas 15 personas que viajaban en la ruta Sogamoso – Labranzagrande. A este atroz crimen se le conoció como la masacre del Páramo de la Sarna.

El bus en el que se transportaban las víctimas salió de Sogamoso a las 6 :30 de la mañana. Allí iba uno de los sicarios, quien al llegar al Páramo obligó al conductor a parar el vehículo. En el lugar esperaban otros hombres armados. Éstos obligaron a los pasajeros a bajar del bus y acostarse boca abajo en la carretera, donde les dispararon a todos. Sólo sobrevivieron tres personas: una anciana que era la tía del conductor y dos menores de edad.

Las víctimas de la masacre eran pobladores de Pisba, Paya y Labranzagrande, lo cual fue corroborado por organizaciones sociales y algunos párrocos de la región. A pesar de esto, en los medios masivos de comunicación se difundió la versión que dieron las autoridades: que los pasajeros eran señalados de ser guerrilleros del ELN.

Esta masacre estuvo antecedida por hechos que son materia de investigación, tales como la existencia de un retén del ejército y del DAS en el sector, que para el día del crimen día fue retirado de manera injustificada.

Otro aspecto a tener en cuenta es que con esa masacre se inició la implantación de la estrategia paramilitar en el departamento de Boyacá, ya que el hecho se ejecutó sobre la vía que unía a Sogamoso con la provincia de la Libertad, sector de difícil acceso para la fuerza pública.

Otra de las hipótesis que se tiene respecto a los motivos de la masacre, es que en el bus viajaban integrantes de varios sindicatos que venían realizando un trabajo importante con las comunidades de Casanare, como es el Caso de Isidro Alba, quien era reconocido por su labor como docente.

Desde las víctimas, la comunidad y las organizaciones sociales de Derechos Humanos se continúa exigiendo verdad, justicia, reparación integral y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

Jornadas de indignación campesina, étnica y popular

Publicado el Viernes, 28 de Enero del 2015

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Seguimos indignados, porque consideramos que los acuerdos incumplidos, las políticas regresivas, la democracia restringida, la estigmatización y discriminación de nuestras luchas y conquistas, la persecución política por parte del Estado son actos injustos y ofensivos contra la esperanza de paz con justicia social que anhela el pueblo colombiano.

A dos años del paro nacional agrario (19 de agosto de 2013) y la Minga Indígena (Octubre de 2013), en el que las comunidades rurales presentaron al país los problemas reales que atacan al campo colombiano, seguimos esperando que el gobierno haga honor a su palabra y cumpla con los más de 200 acuerdos suscritos, de los cuales más del 70% han sido incumplidos.

En esa oportunidad, el pueblo indignado recurrió a las vías de hecho, a la minga y la movilización para exigir sus derechos obteniendo la represión, las amenazas y la cárcel como respuesta inmediata del Estado. Luego cuando cansados de los golpes, la cárcel y la muerte recurrimos a las vías legales y los procedimientos administrativos del Estado, nos encontramos con trámites, papeleos, exigencias y tecnicismos que impiden acceder a nuestros derechos y que se concreten los acuerdos pactados.

¿Por qué el Estado es diligente para negociar con los gremios económicos y agroindustriales beneficiarios de Pactos Agrarios y Tratados de Libre Comercio, mientras a las comunidades agrarias se les criminaliza, estigmatiza, persigue e ignora?, Nos preguntamos: el Estado y el Gobierno entonces ¿para qué y para quién?

Quienes con nuestra fuerza de trabajo sostenemos a Colombia, labrando la tierra, llevando los alimentos a la mesa de cada colombiano(a) todos los días, luchando cotidianamente por una vida con dignidad, hacemos un llamado al pueblo colombiano a movilizarnos por lo que consideramos una política de doble discurso; porque mientras se habla de paz, se continúa haciendo la guerra contra el movimiento social y contra el pueblo en general, mediante medidas políticas y jurídicas que legitiman el despojo que está a la base del conflicto social y armado.

El reciente informe del Censo Nacional Agropecuario evidencia una vez más que el país requiere de profundas transformaciones si queremos superar la inequidad en el uso y tenencia de la tierra que se encuentra en manos de un diminuto 0,4 % de propietarios que posee el 41 % de los 113 millones de hectáreas de uso agrícola. Las comunidades rurales, quienes producen el 70 % de la comida de los(as) Colombianos(as) poseen propiedades que tienen menos de cinco hectáreas (70 % de las fincas). Frente a este panorama, el gobierno insiste en imponer una reforma agraria ajustada a sus intereses y promover un proyecto de ley que pretende evadir las restricciones legales a la concentración de tierras baldías en las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) adjudicando los baldíos no sólo a campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas agroindustriales; legalizando de esta manera la acumulación de tierras, facilitando el despojo mediante la figura de expropiación, favoreciendo la extranjerización de la tierra, el agua, los bienes comunes e incentivando alianzas productivas asimétricas entre campesinos y corporaciones agroindustriales, todo lo cual agravaría la desigualdad e inequidad en Colombia.

De otra parte vemos como el Plan Nacional de Desarrollo PND (PND 2014 -2018. “Todos Por un Nuevo País”) responde a las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en nada se corresponde con su aspiración de Paz, Equidad y Educación, pues sigue sustentando el “desarrollo del país” en la explotación de materias primas entregadas a empresas multinacionales, dejando desplazamiento, quiebras de las economías propias, perdida de diversidad biológica y cultural, a cambio de recursos financieros que no cubren siquiera los pasivos sociales y ambientales de la explotación. Esto teniendo en cuenta que la crisis mundial de los precios del petróleo  y materias primas deja una balanza comercial negativa para el país.

No es posible que se entregue el territorio nacional y los bienes comunes a la explotación minera y petrolera mientras que se importan alrededor de 10 millones de toneladas en alimentos gracias a los TLC; mientras a los campesinos, indígenas, afrocolombianos y sectores populares se les despoja de sus territorios y bienes comunes para su subsistencia y la soberanía alimentaria de toda la nación.

El campo colombiano lo han convertido en un campo de batalla sembrado de muertes que hoy más que núnca necesitan florecer y dar frutos para la paz. Esos frutos solo serán posibles si abrimos campo a la participación política de las comunidades agrarias para la definición de una Reforma Agraria Integral para el Buen Vivir, pero con la participación activa de los sectores populares en las ciudades.

Sabemos que no solo los campesinos, campesinas, indígenas y negros somos excluidos en este país, los rigores de las políticas de Estado en contra de los colombianos, también la padecen sectores como la salud, la educación, los transportadores, los trabajadores entre otros, todos somos víctimas del mismo sistema que cada día nos empobrece más.

Por estas y muchas otras razones invitamos a la ciudadanía, al país entero a que nos movilicemos entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre en las que hemos denominado jornadas de la indignación, campesina, étnica y popular para que nos expresemos sin que nos cueste la vida y la libertad, para rechazar y  debatir todas esas políticas de Estado que nos indignan y excluyen, buscando construir  desde abajo y entre todos y todas el país que queremos.

Convocan:

Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Organización Nacional indígena de Colombia ONIC, Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario CNA, Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria  FENSUAGRO, Mesa de Unidad Agraria MUA, Marcha Patriótica, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, Asociación Campesina Popular Asocampo, Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia COMOSOC, Movimiento por la Constituyente Popular MCP, Asociación Nacional Campesina ASONALCAM, Proceso de Comunidades Negras PCN, Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO.)