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| María Raquel Castro Pérez
Hoy 17 de septiembre en le centro de memoria se realizo la presentación del libro, Memorias sin mordaza, escrito por María Raquel Castro, sobreviviente de la masacre de Caño Seco, vereda de Saravena en Arauca cometida el 5 de agosto de 2004, por la Brigada XVIII, quienes asesinaron a tres lideres sociales, Héctor Alirio Martínez, Jorge Prieto y Leonel Goyeneche.
Este libro recoge la historia vista y vivida por Raquel desde aquel momento de la masacre, es una invitación a conocer una parte de la memoria del movimiento social de la región Centro Oriente.
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miércoles, 17 de septiembre de 2014
Lanzamiento del Libro; Memorias sin mordaza
domingo, 14 de septiembre de 2014
Acto de cierre del Encuentro de lideres y lideresas de la Asociaicón Agroambiental de Colombia ASACOL
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| Fotografías: Bitácora del caminante |
Con un acto de mística se clausura dos días de trabajo donde las comunidades discutieron temas como territorio, organización y el tema minero- energético.
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| Fotografías: Bitácora del caminante |
Con la participación aproxima de 150 personas de doce municipios del Tolima y Caldas y el acompañamiento de delegados de Choco y de Nariño del Cordinador Nacional Agrario CNA, la Asociación campesina José Antonio Galán Zorro ASONALCA, la corporación social para la capacitación comunitaria COSPACC, las Brigadas de Paz Internacional PBI y la Red de Hermandad REDHER se da por finalizada una jornada de trabajo de ASACOL.
Fotografías: Bitácora del caminante
De esta jornada de trabajo sale una agenda, donde se constituye un equipo coordinador que estará apoyando a la junta directiva de ASACOL y tres ejes de trabajo que son; organización, formación y territorio.
Las comunidades se regresan para sus sitios de origen con el compromiso de compartir la información y de continuar fortaleciendo los procesos organizativos de sus regiones.
La Asociación Agroambiental de Colombia ASACOL, junto a las comunidades hacen la evaluación de los tres ultimos paros agrarios
Las comunidades presentes en el encuentro de lideres y lideresas de la Asociación Agroambiental de Colombia ASACOL evalúan los paros campesinos realizados entre el 2013 y el 2014, lo cual permite revisar la ganancia política que estos han dejan y trazar el que hacer respecto al papel del campesino en las exigencias que se han recogido en el pliego único y que en este momento la cumbre campesina se encuentra negociando con el gobierno.
Cada comunidad da a conocer como fue su participación en los paros campesinos
sábado, 13 de septiembre de 2014
Galería fotográfica; jornada de la tarde primer día de trabajo encuentro Asociación Agroambiental De Colombia.
Mesa de trabajo de Territorio
Mesa de trabajo minero- energético
LA CUMBRE AGRARIA PRESENTE EN LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DEL TOLIMA
El encuentro de líderes y lideresas, de la asociación agroambiental
de Colombia, en su primer día de trabajo cuenta con la participación de Isaac Marín vicepresidente
del Cordinador Nacional Agrario CNA, quien hace la presentación
de la cumbre y avances de la negociación entre cumbre y gobierno.
Entre los puntos que se
dan ha conocer cuales son los avance de cumbre, luego de mas de cien días se retoman los diálogos
en reuniones con el presidente y sus ministros en
donde se reitera la voluntad política y
el compromiso del gobierno para dar inicio a las negociaciones del pliego de exigencias.
Como avance se tiene la
instalación de la mesa única de negociación la última semana de Septiembre, las
sub-comisiones del bloque económico y la de garantías y Derechos Humanos.
En el tema económico se
avanza en el fondo de economía campesina indígena y afro, en los treinta
proyectos de infraestructura social y agropecuaria y los proyectos de
fortalecimiento organizativo de las organizaciones de la cumbre.
También se a llegado a
consenso dentro de la cumbre cuales puntos del pliego se trataran como temas de
mayor importancia, esta el tierras
territorio colectivos y ordenamiento
territorial y el tema minero –energético
que precisamente ese es el tema que hoy nos reúnen en este encuentro.
En las horas de la
tarde se estará trabajaran en mesas; una
de territorio y la otra organizativa y
minero energética.
Galería fotográfica; Encuentro de lideres, Asociación Agroambiental de Colombia ASACOL
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| Fotografías: Bitácora del caminante |
Se da inicio a un espacio de encuentro y reflexión político, entre delegados de organizaciones sociales de Tolima y Caldas.
La Asociación campesina José Antonio Galán Zorro, seccional Casanare - Boyacá acompañando a los procesos organizativos del Tolima
viernes, 12 de septiembre de 2014
jueves, 11 de septiembre de 2014
Boyacá: por mina de carbón 30 familias sin agua en la vereda Mortiñal
Fotografía vereda el Mortiñal, habitantes cargando el agua en caballos.
Sogamoso-Boyacá
De las 3 fuentes de
agua veraneras que existían en El Mortiñal -vereda de Sogamoso-, queda sólo
una. La primera de ellas fue profundizada por una mina de fosforita que luego
se derrumbó; la otra se secó a causa del mal uso del suelo con prácticas como
la quema de bosque nativo.
La única fuente que
queda se encuentra amenazada por la puesta en funcionamiento de una mina de
carbón de socavón en una finca colindante con el nacedero de agua.
De ella dependen la
totalidad de la vereda El Mortiñal y la escuela que allí funciona, la cual
alberga más de 20 niños y niñas. De allí se saca el agua para cultivar, dar de
beber al ganado y cocinar, razones que parecen no tener importancia para
quienes por unos cuantos pesos afectan el bienestar de una comunidad.
Trochando Sin Fronteras
conversó con una habitante de la vereda, quien comentó la difícil
situación que actualmente se vive con respecto al agua.
TSF:¿Hace cuánto
tiempo llegaron las mineras a la vereda?
Eso hace como unos 5
años o menos; antes la gente usaba el carbón por mucho para prender la
estufa y ya.
TSF:¿Por qué empezó
la minería en la vereda?
Porque hacia abajo de
la quebrada hay una finca que el antiguo dueño vendió a alguien de otro lado;
esa persona fue la que empezó a explotar la minería.
TSF: ¿La mina de al
lado del nacedero, ¿cuando empezaron a abrirla?
Hace como diez años
intentaron abrir una, la comunidad se opuso y la cerraron. Luego hace como unos
dos meses empezaron a tumbar los árboles para trancar una mina que queda al
lado del nacedero de agua que surte toda la vereda. Es el único nacedero que
hay en la vereda.
TSF:¿Quienes viven
de ese agua?
Todos, incluidos
animales y humanos.
TSF:¿Ustedes de qué
viven, para qué usan el agua de ese nacedero?
Yo vivo de la
ganadería, de vender la leche. Antes cultivábamos papa, pero por el verano y
todos los gastos no da lo que uno invierte. Aquí usamos el agua para comer,
para bañarse, para darle de beber al ganado, para todo.
TSF:¿Qué está
haciendo la comunidad para detener la apertura de la mina?
Nosotros nos hemos
estado reuniendo con los compañeros de ASONALCA*, la junta de acción comunal,
con la profesora de la escuela y los alumnos, para concientizar la gente de que
el agua se está acabando sobre todo con este verano. También vamos a hablar con
Corpoboyacá para que se cerciore de que si abren esa mina la vereda en general
se queda sin agua; con los medios de comunicación también vamos a intentar, y
si hacen oídos sordos nos vamos las vías de hecho.
* Miembros de la
Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán -ASONALCA-manifestaron a TSF
que han sido abordados por personas interesadas en la apertura de la mina a fin
de intimidarlos y así evitar la organización de la comunidad en defensa del
agua.
Publicado en Trochando Sin Fronteras, 11 de Septiembre 2014
martes, 9 de septiembre de 2014
Asociación de mujeres unidad por Casanare; ASMUC
Asociación de mujeres unidas por Casanare
Las mujeres de Casanare se organizan entorno al territorio, como forma de resistencia que les permita realizar sus planes de vida en cada uno de los espacios en los que hacen presencia.
Mujeres Casanareñas juntandose a la propuesta organizativa del movimiento político de masas social y popular del Centro Oriente de Colombia.
martes, 2 de septiembre de 2014
UN POCO MÁS ACÁ DE LA GUAJIRA
“Cuando la
tierra grita, el hombre llora;
pero cuando la tierra llora, el hombre muere”
A
principios de agosto, fuimos invitados por el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo –CAJAR- a Barrancas, Guajira, para participar en el Encuentro Nacional
de Facilitadores Jurídicos, proceso que promueve esta organización y que busca
el intercambio de experiencias, reflexiones y saberes entre los asistentes
respecto a las problemáticas ambientales presentes en las diferentes regiones
del país y las rutas de acción emprendidas desde las comunidades para la
protección del territorio.
Hasta
este momento, las imágenes que teníamos de La Guajira llegaban por cuenta de
los proyectos comerciales que mediante los documentales difunden los canales
nacionales mostrando una conservada cultura wayú, llena de mística y
tradiciones; o también, la imagen de un proyecto minero como El Cerrejón, que
se veía amenazado por los atentados a la línea férrea y que aparte de un
altercado ambiental con el país no presentaba mayores inconvenientes. En ambos casos, a partir de la visita que
realizamos al territorio pudimos observar que se trata de fotografías que no
dan cuenta de los verdaderos conflictos que vive un territorio tan apetecido
como ese departamento.
Desde
el 6 de Agosto, día en que llegamos vía Valledupar-San Juan-Fonseca al
municipio de Barrancas, era evidente la sequía que anunciaban los medios
nacionales en los suelos resecos y en los famélicos cuerpos del ganado. Era
para nosotros, recordar la situación de Casanare meses atrás, cuando replicaban
en los medios nacionales las imágenes de los chigüiros muriendo de sed. La
primera noche la pasamos en el resguardo Cerro Hato Nuevo, desarrollando la jornada
de inscripción y acordando cronograma para las actividades a realizar durante
los próximos días.
El
día 7 de Agosto, todos los asistentes al encuentro y la comunidad residente de
los resguardos wayúu del sur del departamento, participaron en el Tribunal
sobre “Agresión Minera en La Guajira”. El
tribunal se desarrollo en tres momentos específicos en los que se abordaron las
temáticas que dan cuenta del impacto que ha generado la mina El Cerrejon en sus
territorios, estos fueron: afectaciones económicas, culturales (ancestrales), y
laborales relacionando los problemas a la salubridad que ha padecido la
comunidad.
Así,
se realizaron presentaciones por parte de académicos sobre el tema, las cuales
eran respaldadas por un grupo de testigos que hacen parte de la comunidad y que
radicaban públicamente sus denuncias, el evento estuvo ambientado por las
presentaciones culturales de las comunidades indígenas y por una galería
fotográfica que da cuenta del paso de la minería por la región. En el paisaje que se visualiza del territorio es
posible ver los estragos del proyecto Cerrejón con cráteres inmensos de tierra removida
ya que es posible visualizarlos desde cualquiera de los lugares que visitamos,
la mina a cielo abierto más grande del mundo deja huecos inmensos en forma de
escalera, más grandes que cualquier municipio de La Guajira.
Al
inicio del Tribunal, Guillermo Rodas, nos explicaba que el proyecto minero en
La Guajira había iniciado hace 50 o 60 años, como parte de una estrategia
nacional de industrialización. El carbón del Cerrejón, fue inicialmente pensado
para abastecer las termoeléctricas de la costa Caribe colombiana, y fue a
finales de los 70’s cuando se inicia el contrato a través de CarboCol, con una
participación para el Estado Colombiano del 50% en las ganancias. A propósito
del contrato, Luis Carlos Galán presentó un debate en su momento sobre lo que
consideraba en una negociación desfavorable para la nación, consignado en el
libro “Los Carbones del Cerrejón”. Actualmente, todo el carbón que se extrae
del Cerrejón sale al exterior, y es explotado con capital de empresas privadas mayoritariamente
internacionales.
La política
minera
Dentro
del Plan de Desarrollo 2010-2014, el extractivismo estaba planteado como una
alternativa para superar el endeudamiento estatal, a la vez que permitiría
acelerar el crecimiento económico. Sin embargo, con el repunte del
extractivismo vino un descenso en dos sectores importantes de la economía,
especialmente en las zonas donde se implementaron los proyectos minero
energéticos: el sector industrial y el sector agropecuario. La relación del
beneficio que se lleva el empleador respecto a los trabajadores en el caso de
la agricultura es de 10 a 90 respectivamente; para el caso del sector
industrial es de 20-80. Sin embargo, para el caso de la economía extractiva, la
relación es de 70 para el empleador y 30 para los trabajadores, sumado a la mayor
dependencia de las importaciones que este tipo de economía genera.
Pese
a esto, la expectativa del gobierno era generar mayores inversiones en
servicios sociales (tal como los concibe, salud, educación) a través del
fortalecimiento en las finanzas del Estado. Sin embargo, el gobierno continúa
gastando más de lo que ingresa a través de impuestos y regalías, lo que ha
mantenido su situación deficitaria en medio de una guerra que se empeña en
perpetuar. Para el caso del Carbón, el 10% de la producción se paga al Estado
Colombiano, pero la ganancia del Estado no crece proporcional con la ganancia
de la Empresa, lo que quiere decir que al país no lo afectan las variaciones en
el precio del carbón. En este sentido, frente a la minería, representada
principalmente en la extracción de carbón, niquel y oro, en los últimos años de
cada 100 pesos que ingresan al Estado por regalías, se les reduce por excención
de impuestos alrededor de 138 pesos. En otras palabras, a las compañías
multinacionales el Estado Colombiano les paga por los daños que generan al
ambiente y las comunidades.
Por
otra parte, la inversión social no se corresponde con los impactos de este tipo
de economía. En el área de influencia del Cerrejón se encuentra la población en
condiciones críticas de pobreza, y se calcula que por cada 64 pesos que
ingresaron al Cesar por concepto de regalías, se pagaron 100 por problemas
sociales relacionados con esta economía.
Los impactos
ambientales
Jaguey secado
en los últimos años en el Resguardo Provincial
Julio
Fierro, geólogo, profundizó en el tribunal el tema de las afectaciones
ambientales de este tipo de economía en La Guajira. Si bien muchas zonas del
sur de La guajira se encuentran condenadas a la minería, el norte no escapa a
los proyectos minero energéticos pues ya presenta el avance en la exploración y
explotación de un proyecto petrolero. Aparte de los daños realizados ya por El
Cerrejón, el 7 de Agosto, en un anuncio público, el proyecto Cerrejón y la
Drummond anunciaron que después del carbón vendría la extracción de gas en la
zona. En las condiciones actuales, se proyecta un ascenso en el calentamiento
de 3 grados centígrados hacia el año 2050 en La Guajira, lo que implicaría una
mayor desertificación de sus suelos.
La
extracción de carbón en La Guajira, se lleva a cabo a través de la remoción a
cielo abierto de grandes extensiones de tierra con maquinaria pesada,
removiendo por cada tonelada de carbón alrededor de 15 toneladas de rocas, con
la posibilidad de que se hayan removido hasta el momento del subsuelo 2000
toneladas de arsénico. La remoción de elementos subterráneos conlleva a que las aguas sufran un proceso de
alcalinización, que hace que disuelvan elementos tóxicos. Este proceso es
equiparable a lo que las voces sabias de las comunidades wayú han llamado el
desentierro de ‘espíritus malos’, que han generado diferentes enfermedades
respiratorias, cancerígenas y congénitas en las comunidades, y se suma a la
desaparición de acuíferos que hoy tiene a los habitantes del sur de La Guajira en
una de sus peores sequías.
Sumado
a esto, Billipton, Extrata, Glencore y Angloamerican adelantan, con el objetivo
de extraer 500 millones de toneladas de carbón, el desvío de 32,8 kilómetros
del río Ranchería, único río del departamento de La Guajira. ¿Qué papel juegan
las autoridades ambientales? En palabras de Julio Fierro “La debilidad de las
autoridades ambientales es funcional a las empresas”. Los datos entregados por
el Cerrejón a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no cuadran, no
presentan datos relacionados con la presencia de metales en el agua. Cuando
menos llueve se incrementa el consumo de agua por parte del proyecto, como en
enero de 2012 que se registro un consumo de hasta 50 millones de litros de agua
al día. Paradójicamente, mientras el Cerrejón consume hoy alrededor de 35
millones de litros de agua al día, según los mismos datos de la empresa, la
Guajira atraviesa una de sus peores crisis por el líquido.
Las
acusaciones por parte de las comunidades
El carbón que
escurre de los árboles de la zona cuando llueve
En
el primer bloque de denuncias por parte de las comunidades, se presentaron las
relacionadas con territorio, cultura y autonomía. Antes, las comunidades vivían
del cultivo del maíz, la yuca, el plátano, el tomate y el frijol, pero hoy es
difícil cosechar debido a la alta contaminación que reciben los suelos y a la
falta de agua por la que atraviesa el territorio. Mientras 19.800 indígenas del
pueblo wayú cuentan con 41.000 hectáreas, el Cerrejón abarca 60.000 hectáreas.
Para este año (2014) se han presentado más de 25 movimientos telúricos
ocasionados por las voladuras de tierra que hace la empresa, que remueven el
terreno y profundizan las aguas. La compañía GSI, aparte de realizar
perforaciones, se ha caracterizado por señalar a los líderes que se oponen, de
silenciarlos apoyados en el ejército y la policía, y de ejercer por estas y
otras vías presión para el abandono de los territorios. El batallón blindado
vial No. 2 Minero Energético, ha venido adueñándose de los jagueyes y del
molino en el sector de La Gran Parada, que colinda con el ferrocarril.
En
la comunidad de Las Casitas, se presentó el traslado y desplazamiento de la
población debido a la contaminación ambiental que hace insoportable la
respiración del aire, lo que pudimos vivir en carne propia al otro día en el
resguardo Provincial, a 500 metros de los socavones. En el asentamiento
Tamaquito 2, se utilizaron a los palabreros y a los líderes para el engaño de
las comunidades en las negociaciones.
Así
como Las Casitas, Tamaquito, Roché, Palmarito, Tabaco y otras, casi la
totalidad de las comunidades ha sufrido el desplazamiento debido a las
precarias condiciones de vida que el Cerrejón va implantando en sus
alrededores. En el caso de la comunidad de Palmarito, creada hacia 1935, se vio
desplazada en 1992 por el Cerrejón. Cuando en 2004 intentaron retornar, fueron
sacados a la fuerza. La comunidad de Tabaco, ubicada en el corazón de la
serranía del Perijá, fue desaparecida por dar paso a la megaminería. De 250 familias,
50 negociaron y las otras 200 resistieron hasta que fueron desalojadas por
parte de la fuerza pública. Con la entrada del Cerrejón, vieron cerrados sus
caminos, el centro de salud, su escuela, fueron cortados sus servicios, todo
con el ánimo de forzar su abandono de la zona. No se explica cómo el Cerrejón,
caracterizado en la zona por las amenazas y los hostigamientos a los líderes
que se le oponen, se da el lujo de dar clases de derechos humanos.
Igualmente,
las comunidades que colindan la línea férrea denuncian el acoso a líderes
cercanos al corredor ferroviario, presentándose incluso casos de falsos
positivos como el dado en el kilómetro 33 de la línea, en el que un sargento
fue sorprendido colocando una bomba debajo de un puente, con lo que se buscaba
incriminar a la comunidad aledaña.
Derechos
laborales y Economía Local
En
este bloque, fueron presentadas las denuncias relacionadas con las condiciones
laborales, las afectaciones a la salud de los trabajadores, la intermediación
laboral y la tercerización, entre otros problemas asociados. El Cerrejón cuenta
con 4.000 trabajadores, con la participación de 300 empresas contratistas. El
60% de los trabajadores cuenta con contrato directo. En 30 años de explotación
en la región con el proyecto de cielo abierto más grande del mundo, se han
visto afectados más de 1.000 trabajadores en su salud, siendo esta la causa
principal de su muerte, asociada a males de huesos, respiratorias, por la
presencia de benceno y plomo. Se ha tratado de trabajadores sin posibilidad de
gozar de una pensión, con muertes también relacionadas con silicosis y pulmón
negro. Se ha presentado también una predisposición al cáncer, de estómago y de
pulmón. A juzgar por lo dispuesto en el código de minas, existe un marco
jurídico para favorecer las explotaciones de minerales e hidrocarburos sin
importar las poblaciones ni los trabajadores, creando hoy un ejército de
trabajadores enfermos.
Hace
30 años, la Guajira se constituía en una despensa agrícola de la costa
Colombiana y de Venezuela, pero con el paso del tiempo ha perdido más de 100
arroyos hacia la serranía del Perijá, como ha sido el caso del arroyo Aguas
Blancas, emblemático en la zona. Este año perdieron su vida 14 pozos profundos
y la situación sigue empeorando, como lo comenta el gobernador de Provincial.
De las 60.000 hectáreas con las que cuenta Cerrejón, 12.000 han sido
intervenidas, y 4.000 hectáreas se encuentran con socavones. Comunidades como
Caracolí y Patilla han visto morir de pena moral a sus ancianos ante la pérdida
y el abandono obligado de sus territorios, debido a la contaminación y el
deterioro ambiental al que los condena la mina. Estos y otros casos hicieron
parte de las acusaciones presentadas por los resguardos, organizaciones y
consejos comunitarios del sur de la Guajira.
Consultas
Autónomas y Justicia Ambiental
En
la noche del 7 de Agosto nos dirigimos al resguardo Provincial, donde nos
quedamos las siguientes noches siendo albergados en las viviendas de algunas
familias de la comunidad. En la primera madrugada que pasamos allí, sentimos el
olor como del humo de un carro. Era una detonación que había tenido la mina, y
el olor y el aire denso llegaban hasta las casas principales del resguardo,
ubicado a unos 500 metros de las instalaciones del Cerrejón. El aire pesado
dificultaba la respiración. Al siguiente día en horas de la mañana, realizamos
un recorrido por el resguardo, visitando terrenos que colindaban con el
Cerrejón y estaban custodiados por la ‘seguridad’ de este. Pudimos ver cómo se
había secado un jaguey, la contaminación excesiva del río Ranchería que unos
metros más arriba es utilizado por el proyecto, el polvillo de carbón que cubre
hasta las tumbas de los cementerios wayús, y la contaminación evidente que se
forma a los pies de los árboles con el agua de la lluvia. Se sentía igualmente,
la restricción en la movilidad a la que se ven sometidas las comunidades, hasta
el extremo de un resguardo que solo puede visitar su cementerio una vez al mes
por hallarse de repente dentro de las inmediaciones del Cerrejón.
Evidencia de
la contaminación que viene con la lluvia
En
la tarde se presentó un análisis de contexto por parte de la organización
Censat, que partía del discurso desarrollista que nos impusieron en América
Latina luego de la segunda guerra mundial, para retomar así lo que había sido
la revolución verde en el país, el lugar que nos correspondía en la división
internacional del trabajo como país, y por ello la política minero energética
que se venía implementando. Se plantea entonces desde la ecología política como
disciplina, el estudio del lugar donde vivimos desde una ecología popular,
rescatando las resistencias en el marco de los conflictos ambientales que
vivimos.
Como
parte de la construcción que hemos venido dando en las discusiones colectivas
dentro de las Organizaciones Sociales del Centro Oriente, veíamos algunas
dificultades desde la perspectiva presentada y que se interpreta como el
enfoque del proceso, a pesar de los aportes conceptuales que nos da. En primer
lugar, ubicar la política minero energética en el marco del discurso del
desarrollo, no permite dar cuenta de su intensificación en los últimos años en
el país, y la desliga de la crisis general del sistema capitalista que se puede
interpretar como una crisis de época. Este enfoque, genera igualmente que se
hable de la justicia desconociendo los procesos históricos de consolidación del
capitalismo, y las relaciones políticas y económicas que en buena medida
determinan el poder jurídico de las instituciones frente a la soberanía de las
comunidades.
Quizá
por esta razón, es también que el enfoque presentado no da cuenta de los
procesos recientes experimentados por el movimiento popular colombiano, que más
allá del tema de la paz nos sugieren un proceso importante de encuentro como ha
sido la Cumbre Agraria y Popular, y en el que han participado diferentes
sectores sociales y plataformas representativas como la Organización Nacional
Indígena de Colombia y el Proceso de Comunidades Negras. Es también por este
enfoque, que se continúa patinando en el discurso del autonomismo, el cual a lo
largo de los años ha dejado ver el desgaste que representa para los procesos
sociales cuando significa aislamiento, y el retraso que genera ante la necesaria
unidad del movimiento social para lograr avances concretos en la lucha por un
modo de vida basado en la dignidad humana.
La
jornada finalizó el día 9 de Agosto, con el pronunciamiento general de los
resguardos de la región de no a la continuidad del Cerrejón, a través de la
realización de Consultas Autónomas. Con la participación de la casi totalidad
de las comunidades, los habitantes votaron que se fuera el Cerrejón de sus
territorios, lo que se constituye en un pronunciamiento por la vida de una
región y unos pueblos condenados hace más de 30 años al asedio y el exterminio
por parte de la ambición del capital.
Así
mismo, se llevo a cabo la conmemoración a la comunidad Tabaco, víctima del
desalojo por parte del proyecto del Cerrejon el 9 de agosto del 2001. La
actividad conto con la participación de aquellos que años atrás conformaban
alrededor del territorio un tejido comunitario y que hoy en día ambulan por
otros caminos en busca de una vivienda. El sitio para la conmemoración fue
estratégico ya que se desarrolló frente a las tierras que la empresa del
megaproyecto Carbonífero prometió restituirles algún día y nunca cumplió, aún
cuando la Corte Suprema de Justicia en el año 2002 se lo ordenó. Es importante
anotar que los terrenos que prometió la empresa destinar para la restitución,
hoy en día son utilizadas para rentar a grandes ganaderos de la región.
Frente
a la impunidad y desarraigo de la comunidad, los habitantes de Tabaco siguen
resistiendo, haciendo escuchar su voz con la esperanza de algún día ser
reubicados como pueblo. Como muestra,
varios de los asistentes recitaron canciones, poemas y testimonios que dan
espacio a la construcción simbólica de la lucha que aún hoy en día mantienen
por su territorio.
Actualmente,
la comunidad de Tabaco cuenta con la organización de un grupo de mujeres que
emprenden una lucha por sus derechos al verse de manera directa violentadas por
lo ocurrido, ya que el despojo de la comunidad se realizo a través de la
intimidación que realizo la empresa sobre los hombres quienes terminaron
aceptando la salida, viéndose de este modo, las mujeres excluidas de tal
decisión y obligadas a abandonar sus casas con sus familias.
Al
finalizar los tres días del encuentro, presentamos un video que recoge un poco
de lo que ha sido la explotación petrolera en Casanare, lo que permitió
discutir sobre la necesidad urgente de frenar esta política en el país a través
de la organización de las comunidades alrededor de sus territorios y la lucha de
todos los sectores en las calles.
Movimiento
Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia
Boyacá-Casanare.
LA REPARACIÓN SIMBÓLICA DESDE LOS VICTIMARIOS: ENTRE EL PERDÓN Y LA IMPUNIDAD
Corporación Social para la
Asesoría y Capacitación Comunitaria –COSPACC-
El día 19 de Junio de 2014 se llevó a cabo en
el municipio de Yopal, Casanare, un acto público de perdón, mediante el cual
los Juzgados Administrativos del departamento, obligan a las fuerzas militares
comandadas por el Ministerio de Defensa a pedir excusas públicamente a los
familiares victimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos
positivos”.
Este acto se suma a los ya realizados durante
los últimos tres años en diferentes municipios del departamento de Casanare,
principalmente en los de mayor influencia petrolera, en los cuales con el fin
de garantizar la seguridad para las empresas extractivistas se incrementó la
presencia de pie de fuerza en el territorio, lo que a su vez genero escenarios de graves
violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario. Particularmente en el departamento de Casanare la instalación de
la Brigada XVI y su accionar entre los años 2006-2007 en los que era comandante
el hoy Mayor General Torres Escalante, dejo numerosas víctimas de ejecuciones
extrajudiciales.
Las víctimas de esta estrategia implementada
por las fuerzas militares en el territorio nacional durante el periodo del ex
presidente Álvaro Uribe Vélez, no pueden analizarse de manera aislada, ya que
responden a una práctica sistemática
implementada en el marco de la llamada seguridad democrática. Bajo esta política, se pretendió mostrar un
control del territorio asesinando campesinos y jóvenes en combates simulados y
presentándolos como “guerrilleros dados de baja”, por los cuales los miembros
de las fuerzas militares recibían recompensas y bonificaciones.
Los actos públicos de perdón se realizan como
mecanismos de reparación precedidos por las fuerzas militares, sin embargo, su
desarrollo deja de entre dicho la falta de compromiso que asume la institución y
el Estado con las victimas al realizarlas sin la convocatoria pública pertinente
y al desarrollarlas en el marco de un simple discurso oficial que no supera los
20 minutos. La re victimización del acto es evidente al entregar a la victima
un arreglo floral propio de los actos fúnebres y al ofrecer unas palabras en las
que simplemente reconocen el hecho como un error operacional, sin asumir los
cargos.
Por ello, creemos que no es suficiente la
reparación simbólica a través de estos actos en los cuales se culpa de manera
generalizada a la institución, sin mencionar detalladamente autores
intelectuales y materiales, quienes en la mayoría de los casos no han sido
juzgados por la justicia ordinaria colombiana. Así mismo, consideramos que
dichos actos no cumplen su objetivo de reparar simbólicamente a las víctimas,
ya que los daños psicosociales causados por la muerte de un familiar o líder de
la comunidad son imposibles de reparar con un simple acto protocolario, en los
que además, la participación de las victimas es relegada al discurso oficial
sin contar con un espacio para expresar sus palabras.
Por otro lado, es particular observar la
falta de accionar institucional hacia las victimas de ejecuciones
extrajudiciales en dos sentidos, el primero en el reconocimiento de todos los
casos, ya que aún hay gran cantidad de víctimas sin reconocer en el
departamento reproduciendo escenarios de profunda impunidad; y el segundo, en
la lentitud de los procesos judiciales para los fallos tanto administrativos
como judiciales, es importante observar que en su totalidad los fallos que
obligan a las fuerzas militares a desarrollar estos actos públicos de perdón y
reconocer a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se dictan entre seis y
siete años después del hecho.
La reparación simbólica a las victimas
involucra resarcir el buen nombre de sus familiares, quienes fueros juzgados
por parte de la institucionalidad y los medios de comunicación acusándolos de
pertenecer a grupos al margen de la ley, lo que a su vez, generó una
estigmatización dentro su propia comunidad. Por ello, no solo el Estado sino
también los medios de comunicación, tienen la responsabilidad de rectificarse
sobre la información que impartieron respecto a las víctimas, garantizando su
derecho al buen nombre.
De esta manera, consideramos necesario que la
justicia colombiana reconozca todas las victimas de ejecuciones extrajudiciales
del departamento de Casanare y en general, de todo el territorio nacional,
juzgue a los autores materiales e intelectuales liderados de los altos mandos
militares y garantice escenarios de no repetición y vida digna para las
comunidades que habitan en territorios de explotación petrolera.
Asumimos como fundamental el reconocimiento
de los derechos de verdad, justicia y reparación, generando desde las victimas iniciativas
colectivas que reivindiquen las luchas y proyectos de vida de los que fueron
silenciados, que construyan las garantías sociales para la no repetición en las
próximas generaciones y que tejan en las comunidades memoria contra la
impunidad y el olvido.
lunes, 1 de septiembre de 2014
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