martes, 10 de febrero de 2015

Las mentiras de la Inversión.



Las mentiras de la Inversión.




Foto: Mazorkomunicaciones. 


El grupo argos planea ampliar su planta de producción de cemento en Sogamoso – Boyacá ante este anuncio,  la comunidad afectada directamente por su actividad cuestiona dicho proyecto y le hace frente.




El Sábado 7 de Febrero, en el barrio Nazareth de Nobsa, funcionarios de la Multinacional ARGOS realizaron la socialización del proyecto de modernización y ampliación de su planta, ubicada en el municipio boyacense de Sogamoso, anunciando que dicho proyecto tendrá una inversión de 450 millones de dólares[1] en los 3 años en que se desarrollará y resaltando que se pasará de la producción actual de cemento equivalente a 600mil toneladas/año a 2 millones de toneladas/año.

Este proyecto cuenta con la construcción de una banda transportadora de 2.9 km de extensión, que será paralela a la desaparecida quebrada Belencito, va desde la mina donde se realiza la explotación hasta la planta de transformación, pasando por predios de propiedad de Acerías Paz del Río[2] y por el excesivamente contaminado Río Chicamocha.
Los funcionarios aseguraron que la banda transportadora no generará ningún tipo de afectación negativa en la comunidad, ya que, según estos, contará con importantes avances tecnológicos, mostraron los planos de ampliación de la planta y expusieron los planes de manejo ambiental y socio-económico, en los que se mencionaron estudios y cifras para la mitigación de las afectaciones biológicas, físicas y del ambiente junto con las ofertas formativas y laborales del proyecto.

En concreto plantearon, que el proyecto tendrá 4 momentos, el primero con la realización de estudios técnicos y proyecciones que no generará mayor cantidad de empleos, el segundo de construcción de las modificaciones el cual generará de 600 a 800 empleos, el tercero de montaje, en donde manifiestan que se dará el mayor número de puestos de trabajo, llegando a los 2000 por un periodo de tres meses aproximadamente y por último el cuarto momento, en donde la planta entrará en funcionamiento generando el despido de personas que hasta el momento venían trabajando en labores como el transporte de material.

Las exposiciones y en general el espacio de socialización, no convencieron a la atenta comunidad que se mostró crítica ante la Multinacional, entre sus reclamos más sentidos se encontró que esta reunión era ya el último paso, convirtiéndose en algo menos que un saludo a la bandera o requerimiento jurídico, ya que la empresa prácticamente tenía todo aprobado; se rechazó la manera en que se impuso el orden del día, asimismo por la forma mediocre en que algunos de los funcionarios realizaron sus exposiciones, además, hubo fuertes críticas a los estudios socio-ambientales por su bajo nivel técnico-académico.
Se denunció el alto precio del cemento pagado por la comunidad, cemento que es fabricado con los mismos recursos que salen de sus territorios, denuncia que se sumó a que muchas de las cifras que se usaron para dichos estudios estaban alteradas, según los asistentes, y que por lo tanto no correspondían a la realidad de la comunidad que varias veces instó a la empresa a que fuera sincera ya que, como ha pasado en otras oportunidades, ofrecen un número de empleos pero no mencionan que son empleados tercerizados, contratados con intermediarios que quitan derechos laborales y que cuando terminan sus esporádicos trabajos los dejan con más problemas de los que tenían antes de la llegada de la empresa, a fin de cuentas, los planteamientos de los líderes y lideresas de la comunidad develaron un sinnúmero de trampas (como la omisión de información sobre la ampliación de la mina) y mentiras de dicha socialización, que cabe mencionar no concluyó formalmente.

Con gran capacidad de debate y discusión la comunidad rechazó tajantemente el proyecto de ampliación y modernización de la planta no sin antes proponer, entre otras cosas, que la multinacional ARGOS deje el 2% de sus utilidades netas para los habitantes de la región afectada aparte de la paupérrima inversión social que la empresa ha hecho y que promete hacer.

El panorama tras la socialización deja entrever que los habitantes de los territorios afectados buscarán detener el proyecto de ampliación de una empresa que ya bastantes daños ambientales, socioculturales y a la salud, ha dejado en el territorio por más de 30 años. Organización, unidad y movilización son las claves para que el pueblo ejerza su soberanía y decida qué hacer con sus recursos naturales.




[1] más de 900.000 millones de pesos
[2] Empresa propiedad de la multinacional brasilera Votorantim, que actualmente tiene problemas económicos, además, anunció hace poco tiempo el cierre de la empresa Minas Paz Del Río.

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