Las condiciones actuales nos proponen un
panorama bidireccional, entre dos posibilidades etimológicamente opuestas, la
Paz y la Guerra, que aparentemente representan los ideales de la sociedad
Colombiana. Se parte del supuesto que estas posibilidades resumen los anhelos
de trabajo, educación, salud, vivienda, justicia, etc., por lo cual se propone
una -sin salida- en la decisión de Paz o de Guerra, la cual debe ser definida
no en la satisfacción de lo anteriormente mencionado sino en las urnas. Lo que significa por un lado la continuidad
de un proceso de diálogos con las FARC-EP en la Habana y los atisbos de dialogo
con el ELN, o por otro lado la pretensión de derrota militar de estos grupos.
Esta disyuntiva que se le propone a la
sociedad colombiana lleva consigo una carga histórica del conflicto armado en Colombia,
y pareciera que la decisión de dar continuidad a este conflicto se encontrará
hoy en las manos de los Colombianos votantes y de los que aún se abstienen de
votar, más es preciso señalar que la responsabilidad de la guerra hoy cursante
en nuestro territorio es debido al choque de los intereses de dos facciones
oligárquicas, y de unos grupos que se abanderan defender los intereses de la
población, y que hoy dichas oligarquías pretenden por medio de una pugna
electoral decidir quién se queda con el manejo del Estado Colombiano.
A esto se le debe agregar que quien se
enarbola como representante de la Paz no es más que un mercenario de la guerra,
como bien lo podemos recordar cuando fue ministro de Defensa en el segundo mandato
presidencial de Álvaro Uribe Vélez, momento en que se desempeño como gestor y
cómplice de los falsos positivos, y múltiples hechos de violencia política
contra el Movimiento Social. Basta mencionar la implementación de la política
de seguridad democrática, que consiste en el crecimiento del paramilitarismo y se
expresa también en el gasto militar que
alcanzo los 21.439 millones de dólares entre los años 2002 y 2010[1]. Ahora, este amigo de la
paz en sus anteriores cargos como ministro
de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, y como ministro de Comercio Exterior
en el gobierno de Cesar Gaviria se ha caracterizó por servir, como es obvio, a
la clase que detenta el poder económico en el país, con la apertura económica y
con la disposición del presupuesto nacional como salvavidas para el sector
financiero.
Esa pugna que nos han venido mostrando a
través de los medios masivos de comunicación solamente es una farsa más de los
intereses de la misma clase dominante, puesto que Uribe al Igual que Juan
Manuel Santos se han arrodillado a los intereses neoliberales del Capital,
ambos han pretendido exterminar todo proceso social que propenda por la
democracia, ambos han dado firmes muestras de lealtad al capital privado y con
este a los intereses transnacionales de Estados Unidos. Más, solo un punto de
diferenciación es posible encontrar y este se halla en el método de dirimir o
acabar con el conflicto armado en el país; por un lado Santos implementa la
diplomacia en el desarrollo de un mecanismo de dialogo con una parte de la
insurgencia manteniendo el conflicto armado como parte de sus políticas de
gobierno, mientras que Oscar Ivan Zuluaga propone dar fin a este escenario de
dialogo y simplemente dar continuidad a la agudización del conflicto armado
iniciado en tiempos de Uribe y mantenido durante el gobierno de Santos.
Si bien se ha avanzado en diálogos con
la insurgencia, las exigencias del pueblo representadas en el Movimiento Social
siguen siendo silenciadas y menospreciadas, recordemos la jornada de Paro
Nacional Agrario, étnico y popular, llevada a cabo hace unos meses, donde fue
necesario recurrir a la movilización y al cierre de vías para poder lograr
sentarse un momento con el gobierno nacional y expresar la dura situación que
enfrentamos hoy indígenas, negros, campesinos, obreros, amas de casa, maestros
y estudiantes. Como consecuencia de las medidas neoliberales que han acompañado
los últimos gobiernos, y de la ya precaria situación que vivimos en materia de
derechos humanos debido a la desaforada fuerza militar y represiva que se ejerce
en campos y ciudades. Este ha de ser un punto decisivo en nuestro actuar, pues
dentro de esta búsqueda mesiánica de Santos por la paz, no se cede ante las
exigencias del pueblo, sino ante las exigencias de las elites económicas y
militares del país. Punto de quiebre entre estas dos propuestas que dibujan una
misma clase que siente vulnerados sus intereses económicos y políticos.
Vale la pena recordar que no han sido
las mayorías quienes han elegido o postulado a Santos y a Zuluaga en esta
afrenta electoral, puesto que de la población apta para votar solo el 40% lo
hizo, y de estos cerca del 6% voto en blanco. Lo cual indica un abstencionismo
que supera el 60%, muy cercano a lo sucedido en 1994 que tuvo un 66,23%, donde
el voto en blanco oscilaba entre el 1 % y 1,9 %[2]. Con esto es posible
inferir que en los intereses de la población no cuentan estos dos personajes
como alternativas de solución a sus problemas, es más, queda en evidencia que
este modelo neoliberal de democracia hace ya un buen rato huele a dictadura y
la evidencia la encontramos en el relevante abstencionismo, una evidencia más
del carácter dictatorial de la renombrada democracia más vieja de
Latinoamérica, está en que estos dos sujetos que representan partidos políticos
que tienen una procedencia similar, primero el Partido de la “U” de Unidad
Nacional, fundado en otrora por Uribe para significar la variada participación
que se proponía en contraposición a la ya histórica contienda bipartidista, y
ahora el Centro Democrático que se presenta como una nueva alternativa
política, pero que contiene los mismos intereses representados por la clase de
la que Uribe sigue siendo mentor.
En suma se convierte también en un
asunto de conciencia puesto que mientras estos dos se despellejan y sacan sus
intimidades políticas a la luz pública, como reflejo de la suciedad en dicha
maquinaria política, los dineros públicos siguen siendo repartidos para
garantizar el bienestar de estos bandidos con corbata. Ya que como lo
mencionaron en debate presidencial, los dineros destinados para la salud han
venido siendo desviados a arcas personales. En el tiempo en que Zuluaga se
desempeñó como Ministro de Hacienda en el gobierno de Uribe, la corrupción y la
manipulación de cifras le acompañó, de lo cual es visible en la actual crisis
del sistema de salud pública del país, además que en este tiempo la UIAF-Unidad
Encargada de la Inteligencia Financiera fue utilizada para espiar a los
magistrados de la Corte Suprema de Justica, razón por la cual Mario Aranguren
se encuentra en la Cárcel. Se suma a este hecho, el destape de las agencias de
inteligencia financiadas por el mismo Estado para infiltrar y chuzar las comunicaciones
de los negociadores de la Habana y también de integrantes del Movimiento Social[3], lo cual ya ha sido una
práctica con trayectoria en los métodos de control de las organizaciones de
Izquierda y de algunos organismos de justicia, pero que en este momento toca
los índices más altos de impunidad y connivencia de estos dos políticos y sus
partidos. Por otro lado, no sobra
recordar que los salarios indignos que reciben hoy los trabajadores, la
eliminación de las horas extra y la tasa de desempleo en aumento que se
maquilla con el subempleo, pesan en las decisiones tomadas por ambos Políticos[4].
Asunto de conciencia porque como he
mencionado de forma somera la corrupción y persecución política, tienen
víctimas, como víctimas tiene el conflicto armado que hoy suma alrededor de 6.073.453 víctimas, según el registro
oficial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, elaborado por la Red Nacional de Información[5],
que incluye a quienes han sufrido abandono o despojo de tierras, actos
terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición
forzada, desplazamiento, homicidio, minas antipersonales, pérdida de muebles o
inmuebles, secuestro, tortura o vinculación de niños, niñas y adolescentes a
grupos armados al margen de la ley. Lo cual significa que más allá de una
discusión sobre la paz entendida por Santos y Zuluaga como un cese bilateral al
fuego, pasa por comprender la magnitud del problema que se quiere trivializar,
es la comprensión de que como pueblo vivimos bajo unas condiciones que hacen
indignas nuestras vidas, y que cada vez que se toca el tema de los derechos
fundamentales firmados por el Estado y reconocidos en la Constitución Política
de Colombia, simplemente se nos señala de estar conspirando contra el Estado o
estar a favor de una organización guerrillera.
Por estas razones llamar Organización y a
la justa Movilización Social, significa
decir con vehemencia que nuestros sueños no caben en sus urnas, que nuestros
deseos de justicia social no están en una pugna electoral, que nuestros deseos
de tierra para el que la trabaja no cabe simplemente en lo que hoy nos muestran
como únicas alternativas al Conflicto Social y Armado del País. Y nos queda por recordar que la paz solo es posible cuando los derechos
fundamentales de los colombianos, los derechos económicos, políticos, sociales
y culturales, en suma los derechos de los pueblos se hayan cumplido, no cuando
una u otra guerrilla se siente a hablar de paz con el gobierno. Porque mientras
ellos hablan de paz, en los barrios y veredas sigue rampante la desigualdad, la
injusticia, el hambre, la miseria, y toma curso con estos la muerte como único
método de supervivencia.
Julián Gil
Movimiento Juvenil y Popular QUINUA
[2]
http://www.semana.com/nacion/elecciones-2014/articulo/la-abstencion-la-gran-triunfadora/389341-3
[3] http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/debate-de-caracol-television-entre-juan-manuel-santos-y-scar-ivan-zuluaga/14082755
[4]
http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/debate-de-caracol-television-entre-juan-manuel-santos-y-scar-ivan-zuluaga/14082755
[5] http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/79-noticias/1824-unidad-para-las-victimas-registra-mas-de-seis-millones-de-personas-afectadas-por-el-conflicto-armado
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