Corporación Social para la Asesoría y Capacitación
Comunitaria
El 15 de
octubre de 1973, el dirigente sindical Luis Carlos Cárdenas Arbeláez fue
capturado en la ciudad de Medellín por miembros del Ejército Nacional y
posteriormente ejecutado extrajudicialmente; por ello, como reivindicación a su
lucha. Todos los años se conmemora en esta fecha el día Nacional del Preso y la
Detenida Política.
Este año, el
pasado jueves 15 de octubre en honor al dirigente sindical y a todas las
víctimas del delito político, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el
Seminario Internacional sobre Delito Político y situación de los presos
políticos en Colombia, el cual se planteo como objetivo consolidar un espacio
de discusión y sensibilización entre académicos, líderes comunitarios,
organizaciones sociales, víctimas del delito político y sociedad civil en
general, respecto a la situación que actualmente viven los presos políticos en
Colombia y el marco jurídico que acobija su situación carcelaria.
El seminario
Internacional contó con la participación de ponentes nacionales e
internacionales que compartieron a los asistentes sus planteamientos respecto
al delito político, no solo en el marco de la legislación colombiana sino
también bajo los instrumentos legales de cada uno de sus países de procedencia.
Reunir en un
mismo escenario a representantes de distintos países pretendía el
fortalecimiento de una red entre las organizaciones sociales que se solidarizan
y acompañan los presos políticos a nivel mundial. Los ponentes internacionales,
representantes de países como Argentina, Chile, Venezuela, Palestina y Pais Vasco,
expusieron la grave situación que viven los presos políticos de su país,
quienes a diario deben enfrentarse no solo a constantes violaciones de derechos
humanos sino también a un aparato judicial represor proveniente de una clase
dominante con intereses políticos determinados.
Resulta
importante hacer énfasis en los casos expuesto por los países de Palestina y
Argentina, debido a las duras leyes de represión que existen para el movimiento
social, de esta manera, su lucha y resistencia se ha visto determinada por los
fuertes controles judiciales que estratégicamente están diseñados en contra de
ellos. Especialmente, en el caso de Argentina donde no hay presencia de grupos
armados insurgentes en el territorio nacional llama la atención como las
instancias militares y judiciales realizan constantemente una persecución y
hostigamiento al movimiento social.
El punto más
álgido de la discusión giro entorno a bases jurídicas y filosóficas que
permiten la categorización del delito político, el cual hoy por hoy se
encuentra desviado en lo que refiere a su significado y sus implicaciones. En
términos jurídicos, es importante resaltar la intervención realizada por
ponente Carlos Gaviria ya que hizo énfasis en la demanda que en 1997 interpuso
el General Harold Bedoya ante la Corte Constitucional, la cual dio un giro
importante al delito político. La demanda que fue apoyada por el Procurador
General de la época – Jaime Bernal- le
quito al delito político su reconocimiento constitucional y fue reformado al
ordenar procesar dentro del mismo otros delitos adyacentes a éste, tal es el
caso del delito de homicidio. La consecución de dicha reforma niega la
naturaleza política del delito de rebelión en el marco de un conflicto
armado como el colombiano y demuestra la
articulación que existe entre las fuerzas militares y las instancias judiciales
para reprimir la lucha social en Colombia.
Desde la
institucionalidad colombiana se ha querido mostrar la intensión de consolidar
un Estado democrático que brinde libertades políticas para todos los
ciudadanos, sin embargo, los lineamientos que se instalan desde las elites
políticas contradicen dicho ideal, al estigmatizar social y jurídicamente a
aquellos que disiden de los planteamientos gubernamentales. De esta manera, se
categoriza como “enemigo o terrorista” a aquel que por sus convicciones se
opone o contradice los regímenes y medidas implementadas en contextos
políticos, económicos, ambientales, sociales, a sabiendas que atentan contra la
vida digna de los campesinos, jóvenes, trabajadores, estudiantes, mujeres,
victimas, entre otros.
Lo anterior,
responde a las lógicas implementadas en el territorio nacional especialmente en
el marco de la política de Seguridad Democrática, las cuales orientaron las
acciones militares al exterminio, persecución y aniquilamiento no solo de los
grupos insurgentes sino también de las organizaciones sociales defensoras de
los Derechos Humanos caracterizadas por hacer oposición al gobierno del entonces
presidente Álvaro Uribe Vélez.
A partir de
ello, se instala un discurso oficial de “amenaza terrorista” que busca la
estigmatización de dichos opositores, trayendo como resultado el asesinato de líderes
comunitarios, la persecución y amenaza a múltiples organizaciones sociales y la
victimización desde el sistema judicial a muchos dirigentes políticos de
oposición. El desarrollo de las ejecuciones extrajudiciales es una de las
demostraciones más claras de los resultados que dejo dicha política de exterminio
implementada en el territorio nacional; el asesinato de miles de civiles
inocentes a cargo de las fuerzas militares y su presentación ante la
institucionalidad y opinión pública como “guerrilleros dados de baja en
combate” fue una practica sistemática de violación de derechos humanos que tuvo
su pico mayor entre el año 2002 a 2010. El reconocimiento de este tipo de
asesinatos ante instancias internacionales como crímenes de lesa humanidad y la
constante lucha de las organizaciones de victimas, provocó la judicialización
de algunos miembros de las fuerzas militares, sin embargo, las condenas no son
suficientes ya que los altos mandos militares quienes se constituyeron en la
mayoría de casos como autores intelectuales, aún siguen libres, ejerciendo cargos
públicos y ascendiendo de rango en el plano institucional.[1]
Es importante
anotar que dichos escenarios de violación a los Derechos Humanos continua aún
terminado el gobierno del ex presidente Uribe, hoy en día la cartera de
gobierno liderada por Juan Manuel Santos se ha caracterizado por la falta de
garantías a los líderes políticos para hacer su trabajo comunitario libre y públicamente.
El seminario
contó con la intervención por vía telefónica de varios compañeros que
actualmente se encuentran recluidos en las cárceles de Combita (Boyacá), Picota
(Bogotá) y Modelo (Cucuta). En su intervención, los presos políticos dieron un
saludo fraterno a los asistentes del seminario y agradecieron su participación
como muestra de solidaridad con la situación que actualmente viven, así mismo,
expusieron las pésimas condiciones en las que se encuentran dentro de los
centros de reclusión, donde se les es negado su derecho a la salud, a una
alimentación integral, a un espacio mínimo vital, a la reunión familiar, entre otros.
El mal trato por parte de los agentes del INPEC evidencia la estigmatización y
persecución de la que son víctimas no solo fuera de los centros de reclusión
sino también al interior de los mismos.
Una vez
terminadas las ponencias, los participantes provenientes de todas las regiones
del país se trasladaron hasta el Planetario Distrital a fin de realizar una
movilización de antorchas que permitiera expresar el rechazo ante la situación
que actualmente viven los presos políticos y exigir garantías de justicia y
vida digna dentro de las cárceles. La movilización se realizó por toda la
carrera séptima hasta la Plaza Santander donde se finalizo la jornada al son de
algunos compañeros intérpretes de música urbana.
El seminario
que contó con la participación de más de 600 delegados de las regiones sur
occidente, centro oriente, eje cafetero, nororiente, entre otras, elaboro una Declaración
Política donde hace explicitas las siguientes exigencias[2]:
·
El
reconocimiento y la ampliación de la noción de delito político como un
mecanismo central que permita avanzar hacia la solución política y negociada
del conflicto.
·
El
respeto al pensamiento crítico, al derecho a la protesta y a las diferentes
formas organizativas del pueblo colombiano como un derecho a la paz y a la satisfacción
integral de los derechos fundamentales.
·
La
inclusión, en la agenda de paz, de la solución a la crisis carcelaria, la
ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura y la transformación de
la actual política criminal, así como la inclusión de garantías de
participación para la población reclusa.
·
Al
Gobierno Nacional un llamado a que muestre una vocación real de paz y agilice
los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional – ELN –.
·
La
asistencia de un representante de los presos y detenidas políticas en la
próxima delegación de víctimas en los diálogos de la Habana, Cuba.
·
Apoyar
las jornadas de desobediencia pacifica que se están desarrollando en las
cárceles del país durante el mes de octubre para que sea decretada la
emergencia social carcelaria y sea puedan establecer las bases para una
verdadera transformación del régimen penitenciario y carcelaria y de la
política criminal que lo sustenta.
Finalmente,
es necesario que dichos espacios de discusión y sensibilización respecto a los presos
políticos se sigan desarrollando en las regiones como muestra de solidaridad con
los compañeros detenidos, ya que muchos de ellos aún sin ser parte de los
grupos insurgentes reciben un trato degradante por parte de las instituciones
carcelarias. El desarrollo del seminario tan solo una de las actividades que las
organizaciones sociales seguirán realizando en el marco de un plan de acción
que busca garantías para un movimiento social de oposición en Colombia ya que
no está de acuerdo con las políticas implementadas y si está de acuerdo con los
principios de justicia social y vida digna.
[1] El 5 de noviembre de 2014, el representante Alirio
Uribe presento en plenaria una denuncia ante las Brigadas del Ejercito
reportadas de presentar el mayor número de ejecuciones extrajudiciales. El
representante exigió la destitución de ocho altos mandos militares que están
implicados en el desarrollo de esta práctica sistemática de violación a los
Derechos Humanos y que aún siguen ejerciendo en la institución militar, ellos
son: general Juan Pablo Rodríguez Barragán (Cesar y Guajira, 24 casos), mayor
general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar (Huila, 24 casos), brigadier general
Henry William Torres (Casanare, 63 casos), mayor general Hernán Giraldo
Restrepo (Cesar y Guajira, 72 casos), brigadier general Emiro José Barrios
Jiménez (Caldas, 23 casos), brigadier general Jorge Enrique Navarrete (Guajira,
24 casos)
[2]
Exigencias retomadas de la Declaración Política del Seminario Internacional
Sobre el Delito Político y Situación de los presos Políticos en Colombia,
retomado de: http://cspresospoliticos.com/index.php/noticias-2/1057-declaracion-politica-del-seminario-internacional-sobre-delito-politico-y-situacion-de-los-presos-politicos-en-colombia
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