UN POCO MÁS ACÁ DE LA GUAJIRA

“Cuando la tierra grita, el hombre llora;

 pero cuando la tierra llora, el hombre muere”

A principios de agosto, fuimos invitados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR- a Barrancas, Guajira, para participar en el Encuentro Nacional de Facilitadores Jurídicos, proceso que promueve esta organización y que busca el intercambio de experiencias, reflexiones y saberes entre los asistentes respecto a las problemáticas ambientales presentes en las diferentes regiones del país y las rutas de acción emprendidas desde las comunidades para la protección del territorio.

Hasta este momento, las imágenes que teníamos de La Guajira llegaban por cuenta de los proyectos comerciales que mediante los documentales difunden los canales nacionales mostrando una conservada cultura wayú, llena de mística y tradiciones; o también, la imagen de un proyecto minero como El Cerrejón, que se veía amenazado por los atentados a la línea férrea y que aparte de un altercado ambiental con el país no presentaba mayores inconvenientes.  En ambos casos, a partir de la visita que realizamos al territorio pudimos observar que se trata de fotografías que no dan cuenta de los verdaderos conflictos que vive un territorio tan apetecido como ese departamento.   

Desde el 6 de Agosto, día en que llegamos vía Valledupar-San Juan-Fonseca al municipio de Barrancas, era evidente la sequía que anunciaban los medios nacionales en los suelos resecos y en los famélicos cuerpos del ganado. Era para nosotros, recordar la situación de Casanare meses atrás, cuando replicaban en los medios nacionales las imágenes de los chigüiros muriendo de sed. La primera noche la pasamos en el resguardo Cerro Hato Nuevo, desarrollando la jornada de inscripción y acordando cronograma para las actividades a realizar durante los próximos días.

El día 7 de Agosto, todos los asistentes al encuentro y la comunidad residente de los resguardos wayúu del sur del departamento, participaron en el Tribunal sobre “Agresión Minera  en La Guajira”. El tribunal se desarrollo en tres momentos específicos en los que se abordaron las temáticas que dan cuenta del impacto que ha generado la mina El Cerrejon en sus territorios, estos fueron: afectaciones económicas, culturales (ancestrales), y laborales relacionando los problemas a la salubridad que ha padecido la comunidad.

Así, se realizaron presentaciones por parte de académicos sobre el tema, las cuales eran respaldadas por un grupo de testigos que hacen parte de la comunidad y que radicaban públicamente sus denuncias, el evento estuvo ambientado por las presentaciones culturales de las comunidades indígenas y por una galería fotográfica que da cuenta del paso de la minería por la región. En  el paisaje que se visualiza del territorio es posible ver los estragos del proyecto Cerrejón con cráteres inmensos de tierra removida ya que es posible visualizarlos desde cualquiera de los lugares que visitamos, la mina a cielo abierto más grande del mundo deja huecos inmensos en forma de escalera, más grandes que cualquier municipio de La Guajira.

Al inicio del Tribunal, Guillermo Rodas, nos explicaba que el proyecto minero en La Guajira había iniciado hace 50 o 60 años, como parte de una estrategia nacional de industrialización. El carbón del Cerrejón, fue inicialmente pensado para abastecer las termoeléctricas de la costa Caribe colombiana, y fue a finales de los 70’s cuando se inicia el contrato a través de CarboCol, con una participación para el Estado Colombiano del 50% en las ganancias. A propósito del contrato, Luis Carlos Galán presentó un debate en su momento sobre lo que consideraba en una negociación desfavorable para la nación, consignado en el libro “Los Carbones del Cerrejón”. Actualmente, todo el carbón que se extrae del Cerrejón sale al exterior, y es explotado con capital de empresas privadas mayoritariamente internacionales.

La política minera

Dentro del Plan de Desarrollo 2010-2014, el extractivismo estaba planteado como una alternativa para superar el endeudamiento estatal, a la vez que permitiría acelerar el crecimiento económico. Sin embargo, con el repunte del extractivismo vino un descenso en dos sectores importantes de la economía, especialmente en las zonas donde se implementaron los proyectos minero energéticos: el sector industrial y el sector agropecuario. La relación del beneficio que se lleva el empleador respecto a los trabajadores en el caso de la agricultura es de 10 a 90 respectivamente; para el caso del sector industrial es de 20-80. Sin embargo, para el caso de la economía extractiva, la relación es de 70 para el empleador y 30 para los trabajadores, sumado a la mayor dependencia de las importaciones que este tipo de economía genera.

Pese a esto, la expectativa del gobierno era generar mayores inversiones en servicios sociales (tal como los concibe, salud, educación) a través del fortalecimiento en las finanzas del Estado. Sin embargo, el gobierno continúa gastando más de lo que ingresa a través de impuestos y regalías, lo que ha mantenido su situación deficitaria en medio de una guerra que se empeña en perpetuar. Para el caso del Carbón, el 10% de la producción se paga al Estado Colombiano, pero la ganancia del Estado no crece proporcional con la ganancia de la Empresa, lo que quiere decir que al país no lo afectan las variaciones en el precio del carbón. En este sentido, frente a la minería, representada principalmente en la extracción de carbón, niquel y oro, en los últimos años de cada 100 pesos que ingresan al Estado por regalías, se les reduce por excención de impuestos alrededor de 138 pesos. En otras palabras, a las compañías multinacionales el Estado Colombiano les paga por los daños que generan al ambiente y las comunidades.

Por otra parte, la inversión social no se corresponde con los impactos de este tipo de economía. En el área de influencia del Cerrejón se encuentra la población en condiciones críticas de pobreza, y se calcula que por cada 64 pesos que ingresaron al Cesar por concepto de regalías, se pagaron 100 por problemas sociales relacionados con esta economía.

Los impactos ambientales

Jaguey secado en los últimos años en el Resguardo Provincial

Julio Fierro, geólogo, profundizó en el tribunal el tema de las afectaciones ambientales de este tipo de economía en La Guajira. Si bien muchas zonas del sur de La guajira se encuentran condenadas a la minería, el norte no escapa a los proyectos minero energéticos pues ya presenta el avance en la exploración y explotación de un proyecto petrolero. Aparte de los daños realizados ya por El Cerrejón, el 7 de Agosto, en un anuncio público, el proyecto Cerrejón y la Drummond anunciaron que después del carbón vendría la extracción de gas en la zona. En las condiciones actuales, se proyecta un ascenso en el calentamiento de 3 grados centígrados hacia el año 2050 en La Guajira, lo que implicaría una mayor desertificación de sus suelos.

La extracción de carbón en La Guajira, se lleva a cabo a través de la remoción a cielo abierto de grandes extensiones de tierra con maquinaria pesada, removiendo por cada tonelada de carbón alrededor de 15 toneladas de rocas, con la posibilidad de que se hayan removido hasta el momento del subsuelo 2000 toneladas de arsénico. La remoción de elementos subterráneos  conlleva a que las aguas sufran un proceso de alcalinización, que hace que disuelvan elementos tóxicos. Este proceso es equiparable a lo que las voces sabias de las comunidades wayú han llamado el desentierro de ‘espíritus malos’, que han generado diferentes enfermedades respiratorias, cancerígenas y congénitas en las comunidades, y se suma a la desaparición de acuíferos que hoy tiene a los habitantes del sur de La Guajira en una de sus peores sequías.

Sumado a esto, Billipton, Extrata, Glencore y Angloamerican adelantan, con el objetivo de extraer 500 millones de toneladas de carbón, el desvío de 32,8 kilómetros del río Ranchería, único río del departamento de La Guajira. ¿Qué papel juegan las autoridades ambientales? En palabras de Julio Fierro “La debilidad de las autoridades ambientales es funcional a las empresas”. Los datos entregados por el Cerrejón a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no cuadran, no presentan datos relacionados con la presencia de metales en el agua. Cuando menos llueve se incrementa el consumo de agua por parte del proyecto, como en enero de 2012 que se registro un consumo de hasta 50 millones de litros de agua al día. Paradójicamente, mientras el Cerrejón consume hoy alrededor de 35 millones de litros de agua al día, según los mismos datos de la empresa, la Guajira atraviesa una de sus peores crisis por el líquido.

Las acusaciones por parte de las comunidades

El carbón que escurre de los árboles de la zona cuando llueve

En el primer bloque de denuncias por parte de las comunidades, se presentaron las relacionadas con territorio, cultura y autonomía. Antes, las comunidades vivían del cultivo del maíz, la yuca, el plátano, el tomate y el frijol, pero hoy es difícil cosechar debido a la alta contaminación que reciben los suelos y a la falta de agua por la que atraviesa el territorio. Mientras 19.800 indígenas del pueblo wayú cuentan con 41.000 hectáreas, el Cerrejón abarca 60.000 hectáreas. Para este año (2014) se han presentado más de 25 movimientos telúricos ocasionados por las voladuras de tierra que hace la empresa, que remueven el terreno y profundizan las aguas. La compañía GSI, aparte de realizar perforaciones, se ha caracterizado por señalar a los líderes que se oponen, de silenciarlos apoyados en el ejército y la policía, y de ejercer por estas y otras vías presión para el abandono de los territorios. El batallón blindado vial No. 2 Minero Energético, ha venido adueñándose de los jagueyes y del molino en el sector de La Gran Parada, que colinda con el ferrocarril.

En la comunidad de Las Casitas, se presentó el traslado y desplazamiento de la población debido a la contaminación ambiental que hace insoportable la respiración del aire, lo que pudimos vivir en carne propia al otro día en el resguardo Provincial, a 500 metros de los socavones. En el asentamiento Tamaquito 2, se utilizaron a los palabreros y a los líderes para el engaño de las comunidades en las negociaciones.

Así como Las Casitas, Tamaquito, Roché, Palmarito, Tabaco y otras, casi la totalidad de las comunidades ha sufrido el desplazamiento debido a las precarias condiciones de vida que el Cerrejón va implantando en sus alrededores. En el caso de la comunidad de Palmarito, creada hacia 1935, se vio desplazada en 1992 por el Cerrejón. Cuando en 2004 intentaron retornar, fueron sacados a la fuerza. La comunidad de Tabaco, ubicada en el corazón de la serranía del Perijá, fue desaparecida por dar paso a la megaminería. De 250 familias, 50 negociaron y las otras 200 resistieron hasta que fueron desalojadas por parte de la fuerza pública. Con la entrada del Cerrejón, vieron cerrados sus caminos, el centro de salud, su escuela, fueron cortados sus servicios, todo con el ánimo de forzar su abandono de la zona. No se explica cómo el Cerrejón, caracterizado en la zona por las amenazas y los hostigamientos a los líderes que se le oponen, se da el lujo de dar clases de derechos humanos.

Igualmente, las comunidades que colindan la línea férrea denuncian el acoso a líderes cercanos al corredor ferroviario, presentándose incluso casos de falsos positivos como el dado en el kilómetro 33 de la línea, en el que un sargento fue sorprendido colocando una bomba debajo de un puente, con lo que se buscaba incriminar a la comunidad aledaña.

Derechos laborales y Economía Local

En este bloque, fueron presentadas las denuncias relacionadas con las condiciones laborales, las afectaciones a la salud de los trabajadores, la intermediación laboral y la tercerización, entre otros problemas asociados. El Cerrejón cuenta con 4.000 trabajadores, con la participación de 300 empresas contratistas. El 60% de los trabajadores cuenta con contrato directo. En 30 años de explotación en la región con el proyecto de cielo abierto más grande del mundo, se han visto afectados más de 1.000 trabajadores en su salud, siendo esta la causa principal de su muerte, asociada a males de huesos, respiratorias, por la presencia de benceno y plomo. Se ha tratado de trabajadores sin posibilidad de gozar de una pensión, con muertes también relacionadas con silicosis y pulmón negro. Se ha presentado también una predisposición al cáncer, de estómago y de pulmón. A juzgar por lo dispuesto en el código de minas, existe un marco jurídico para favorecer las explotaciones de minerales e hidrocarburos sin importar las poblaciones ni los trabajadores, creando hoy un ejército de trabajadores enfermos.

Hace 30 años, la Guajira se constituía en una despensa agrícola de la costa Colombiana y de Venezuela, pero con el paso del tiempo ha perdido más de 100 arroyos hacia la serranía del Perijá, como ha sido el caso del arroyo Aguas Blancas, emblemático en la zona. Este año perdieron su vida 14 pozos profundos y la situación sigue empeorando, como lo comenta el gobernador de Provincial. De las 60.000 hectáreas con las que cuenta Cerrejón, 12.000 han sido intervenidas, y 4.000 hectáreas se encuentran con socavones. Comunidades como Caracolí y Patilla han visto morir de pena moral a sus ancianos ante la pérdida y el abandono obligado de sus territorios, debido a la contaminación y el deterioro ambiental al que los condena la mina. Estos y otros casos hicieron parte de las acusaciones presentadas por los resguardos, organizaciones y consejos comunitarios del sur de la Guajira.

Consultas Autónomas y Justicia Ambiental

En la noche del 7 de Agosto nos dirigimos al resguardo Provincial, donde nos quedamos las siguientes noches siendo albergados en las viviendas de algunas familias de la comunidad. En la primera madrugada que pasamos allí, sentimos el olor como del humo de un carro. Era una detonación que había tenido la mina, y el olor y el aire denso llegaban hasta las casas principales del resguardo, ubicado a unos 500 metros de las instalaciones del Cerrejón. El aire pesado dificultaba la respiración. Al siguiente día en horas de la mañana, realizamos un recorrido por el resguardo, visitando terrenos que colindaban con el Cerrejón y estaban custodiados por la ‘seguridad’ de este. Pudimos ver cómo se había secado un jaguey, la contaminación excesiva del río Ranchería que unos metros más arriba es utilizado por el proyecto, el polvillo de carbón que cubre hasta las tumbas de los cementerios wayús, y la contaminación evidente que se forma a los pies de los árboles con el agua de la lluvia. Se sentía igualmente, la restricción en la movilidad a la que se ven sometidas las comunidades, hasta el extremo de un resguardo que solo puede visitar su cementerio una vez al mes por hallarse de repente dentro de las inmediaciones del Cerrejón.

Evidencia de la contaminación que viene con la lluvia

En la tarde se presentó un análisis de contexto por parte de la organización Censat, que partía del discurso desarrollista que nos impusieron en América Latina luego de la segunda guerra mundial, para retomar así lo que había sido la revolución verde en el país, el lugar que nos correspondía en la división internacional del trabajo como país, y por ello la política minero energética que se venía implementando. Se plantea entonces desde la ecología política como disciplina, el estudio del lugar donde vivimos desde una ecología popular, rescatando las resistencias en el marco de los conflictos ambientales que vivimos.

Como parte de la construcción que hemos venido dando en las discusiones colectivas dentro de las Organizaciones Sociales del Centro Oriente, veíamos algunas dificultades desde la perspectiva presentada y que se interpreta como el enfoque del proceso, a pesar de los aportes conceptuales que nos da. En primer lugar, ubicar la política minero energética en el marco del discurso del desarrollo, no permite dar cuenta de su intensificación en los últimos años en el país, y la desliga de la crisis general del sistema capitalista que se puede interpretar como una crisis de época. Este enfoque, genera igualmente que se hable de la justicia desconociendo los procesos históricos de consolidación del capitalismo, y las relaciones políticas y económicas que en buena medida determinan el poder jurídico de las instituciones frente a la soberanía de las comunidades.

Quizá por esta razón, es también que el enfoque presentado no da cuenta de los procesos recientes experimentados por el movimiento popular colombiano, que más allá del tema de la paz nos sugieren un proceso importante de encuentro como ha sido la Cumbre Agraria y Popular, y en el que han participado diferentes sectores sociales y plataformas representativas como la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Proceso de Comunidades Negras. Es también por este enfoque, que se continúa patinando en el discurso del autonomismo, el cual a lo largo de los años ha dejado ver el desgaste que representa para los procesos sociales cuando significa aislamiento, y el retraso que genera ante la necesaria unidad del movimiento social para lograr avances concretos en la lucha por un modo de vida basado en la dignidad humana.

La jornada finalizó el día 9 de Agosto, con el pronunciamiento general de los resguardos de la región de no a la continuidad del Cerrejón, a través de la realización de Consultas Autónomas. Con la participación de la casi totalidad de las comunidades, los habitantes votaron que se fuera el Cerrejón de sus territorios, lo que se constituye en un pronunciamiento por la vida de una región y unos pueblos condenados hace más de 30 años al asedio y el exterminio por parte de la ambición del capital.

Así mismo, se llevo a cabo la conmemoración a la comunidad Tabaco, víctima del desalojo por parte del proyecto del Cerrejon el 9 de agosto del 2001. La actividad conto con la participación de aquellos que años atrás conformaban alrededor del territorio un tejido comunitario y que hoy en día ambulan por otros caminos en busca de una vivienda. El sitio para la conmemoración fue estratégico ya que se desarrolló frente a las tierras que la empresa del megaproyecto Carbonífero prometió restituirles algún día y nunca cumplió, aún cuando la Corte Suprema de Justicia en el año 2002 se lo ordenó. Es importante anotar que los terrenos que prometió la empresa destinar para la restitución, hoy en día son utilizadas para rentar a grandes ganaderos de la región.

Frente a la impunidad y desarraigo de la comunidad, los habitantes de Tabaco siguen resistiendo, haciendo escuchar su voz con la esperanza de algún día ser reubicados como pueblo.  Como muestra, varios de los asistentes recitaron canciones, poemas y testimonios que dan espacio a la construcción simbólica de la lucha que aún hoy en día mantienen por su territorio. 

Actualmente, la comunidad de Tabaco cuenta con la organización de un grupo de mujeres que emprenden una lucha por sus derechos al verse de manera directa violentadas por lo ocurrido, ya que el despojo de la comunidad se realizo a través de la intimidación que realizo la empresa sobre los hombres quienes terminaron aceptando la salida, viéndose de este modo, las mujeres excluidas de tal decisión y obligadas a abandonar sus casas con sus familias.

Al finalizar los tres días del encuentro, presentamos un video que recoge un poco de lo que ha sido la explotación petrolera en Casanare, lo que permitió discutir sobre la necesidad urgente de frenar esta política en el país a través de la organización de las comunidades alrededor de sus territorios y la lucha de todos los sectores en las calles.

Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia

Boyacá-Casanare.