Publicado el Viernes, 28 de
Enero del 2015
Seguimos indignados, porque
consideramos que los acuerdos incumplidos, las políticas regresivas, la
democracia restringida, la estigmatización y discriminación de nuestras luchas
y conquistas, la persecución política por parte del Estado son actos injustos y
ofensivos contra la esperanza de paz con justicia social que anhela el pueblo
colombiano.
A dos años del paro
nacional agrario (19 de agosto de 2013) y la Minga Indígena (Octubre de 2013),
en el que las comunidades rurales presentaron al país los problemas reales que
atacan al campo colombiano, seguimos esperando que el gobierno haga honor a su
palabra y cumpla con los más de 200 acuerdos suscritos, de los cuales más del
70% han sido incumplidos.
En esa oportunidad, el
pueblo indignado recurrió a las vías de hecho, a la minga y la movilización
para exigir sus derechos obteniendo la represión, las amenazas y la cárcel como
respuesta inmediata del Estado. Luego cuando cansados de los golpes, la cárcel
y la muerte recurrimos a las vías legales y los procedimientos administrativos
del Estado, nos encontramos con trámites, papeleos, exigencias y tecnicismos
que impiden acceder a nuestros derechos y que se concreten los acuerdos
pactados.
¿Por qué el Estado es diligente
para negociar con los gremios económicos y agroindustriales beneficiarios de
Pactos Agrarios y Tratados de Libre Comercio, mientras a las comunidades
agrarias se les criminaliza, estigmatiza, persigue e ignora?, Nos preguntamos:
el Estado y el Gobierno entonces ¿para qué y para quién?
Quienes con nuestra fuerza
de trabajo sostenemos a Colombia, labrando la tierra, llevando los alimentos a
la mesa de cada colombiano(a) todos los días, luchando cotidianamente por una
vida con dignidad, hacemos un llamado al pueblo colombiano a movilizarnos por
lo que consideramos una política de doble discurso; porque mientras se habla de
paz, se continúa haciendo la guerra contra el movimiento social y contra el
pueblo en general, mediante medidas políticas y jurídicas que legitiman el
despojo que está a la base del conflicto social y armado.
El reciente informe del
Censo Nacional Agropecuario evidencia una vez más que el país requiere de
profundas transformaciones si queremos superar la inequidad en el uso y
tenencia de la tierra que se encuentra en manos de un diminuto 0,4 % de
propietarios que posee el 41 % de los 113 millones de hectáreas de uso
agrícola. Las comunidades rurales, quienes producen el 70 % de la comida de
los(as) Colombianos(as) poseen propiedades que tienen menos de cinco hectáreas
(70 % de las fincas). Frente a este panorama, el gobierno insiste en imponer
una reforma agraria ajustada a sus intereses y promover un proyecto de ley que
pretende evadir las restricciones legales a la concentración de tierras baldías
en las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social
(ZIDRES) adjudicando los baldíos no sólo a campesinos desposeídos, como lo
contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas
agroindustriales; legalizando de esta manera la acumulación de tierras,
facilitando el despojo mediante la figura de expropiación, favoreciendo la
extranjerización de la tierra, el agua, los bienes comunes e incentivando
alianzas productivas asimétricas entre campesinos y corporaciones
agroindustriales, todo lo cual agravaría la desigualdad e inequidad en
Colombia.
De otra parte vemos como el
Plan Nacional de Desarrollo PND (PND 2014 -2018. “Todos Por un Nuevo
País”) responde a las exigencias de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en nada se
corresponde con su aspiración de Paz, Equidad y Educación, pues sigue
sustentando el “desarrollo del país” en la explotación de materias primas
entregadas a empresas multinacionales, dejando desplazamiento, quiebras de las
economías propias, perdida de diversidad biológica y cultural, a cambio de
recursos financieros que no cubren siquiera los pasivos sociales y ambientales
de la explotación. Esto teniendo en cuenta que la crisis mundial de los precios
del petróleo y materias primas deja una balanza comercial negativa
para el país.
No es posible que se
entregue el territorio nacional y los bienes comunes a la explotación minera y
petrolera mientras que se importan alrededor de 10 millones de toneladas en
alimentos gracias a los TLC; mientras a los campesinos, indígenas,
afrocolombianos y sectores populares se les despoja de sus territorios y bienes
comunes para su subsistencia y la soberanía alimentaria de toda la nación.
El campo colombiano lo han
convertido en un campo de batalla sembrado de muertes que hoy más que núnca
necesitan florecer y dar frutos para la paz. Esos frutos solo serán posibles si
abrimos campo a la participación política de las comunidades agrarias para la
definición de una Reforma Agraria Integral para el Buen Vivir, pero con la
participación activa de los sectores populares en las ciudades.
Sabemos que no solo los
campesinos, campesinas, indígenas y negros somos excluidos en este país, los
rigores de las políticas de Estado en contra de los colombianos, también la
padecen sectores como la salud, la educación, los transportadores, los
trabajadores entre otros, todos somos víctimas del mismo sistema que cada día
nos empobrece más.
Por estas y muchas otras
razones invitamos a la ciudadanía, al país entero a que nos movilicemos entre
el 30 de agosto y el 5 de septiembre en las que hemos denominado jornadas
de la indignación, campesina, étnica y popular para que nos expresemos sin
que nos cueste la vida y la libertad, para rechazar y debatir todas
esas políticas de Estado que nos indignan y excluyen, buscando
construir desde abajo y entre todos y todas el país que queremos.
Convocan:
Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Organización Nacional indígena de
Colombia ONIC, Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario CNA, Mesa
Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, Federación
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, Mesa de Unidad
Agraria MUA, Marcha Patriótica, Asociación Nacional de Zonas de Reserva
Campesina ANZORC, Asociación Campesina Popular Asocampo, Coalición de
movimientos y organizaciones sociales de Colombia COMOSOC, Movimiento por la
Constituyente Popular MCP, Asociación Nacional Campesina ASONALCAM, Proceso de
Comunidades Negras PCN, Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO.)
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